BERNARDO HENAO JARAMILLO
Columnista de Opinión
El pasado jueves se hundió en la Comisión Primera del Senado el proyecto de reforma política del gobierno. Era uno de los proyectos bandera del presidente Petro y su fracaso obedeció a no contar con suficiente respaldo parlamentario, lo que llevó al gobierno a retirarlo. Esto constituye una fuerte derrota para sus promotores. Cuando se anunció por parte de un congresista que solamente María José Pizarro y Alexander López, del Pacto Histórico, lo apoyaban, el presidente manifestó a través de la red Twitter, su forma favorita de gobernar: “Creo que en la reforma política no queda ningún tema progresista. Sin listas cerradas y cremalleras, es decir que permitan igualdad de curules para hombres y mujeres y sin financiación estatal de las campañas, la reforma no aporta a un avance en la calidad de la política”.
En verdad, con el retiro del mencionado proyecto ganaron Colombia y la democracia. Difícil entender que con el mismo se perseguía un progreso en la calidad de la política cuando, por ejemplo, se contemplaba la reelección inmediata de los congresistas y la modificación de sus inhabilidades para ocupar cargos en el gobierno. En cuanto a las curules, se han creado para negritudes e indígenas, así como las que se le obsequiaron a las Farc. Diez iniciales y dieciséis adicionales para un total de 26. No hace ninguna falta una reforma que imponga «igualdad» cuando son los electores los que deciden con su votos cuantos hombres y mujeres tendrán asiento en el Congreso.
El hundimiento provocó un lavatorio de manos masivo al estilo Pilatos. No se encuentra a quien culpar. La jarra de agua es tanto para el gobierno como para el pacto que lo eligió. Ambos son responsables de este estruendoso fracaso. Lo trascendente aquí es que la comunidad recupera la confianza en que la aplanadora de la coalición de gobierno no funcionará y que el legislativo cumplirá con sus funciones tramitando y aprobando leyes que favorezcan los intereses de los segmentos representados. Serio campanazo para las múltiples reformas por discutir y aprobar o rechazar.
En la misma línea se encuentra el Plan Nacional de Desarrollo del cual varios artículos cayeron, entre ellos el 266 que creaba el Fondo de la Igualdad y la Equidad administrado por el ministerio del mismo nombre. No fue aprobado por falta de claridad en la destinación de los recursos. Gran revés para la vicepresidente Francia Márquez a quien se puede entonces aplicar su propio dicho : «De malas, pueden llorar». La ciudadanía considera justificada esta decisión pues el trato igualitario es un principio del estado en todos sus poderes y es innecesario este ministerio.
Colombia, nación libre y democrática, debe premiar la superación, el trabajo, el emprendimiento. La igualdad no puede responder a la ideología imperante en un gobierno en un momento determinado, ni servir de pretexto para repartir subsidios.
La realidad es que el trabajo es la verdadera fortaleza de un país. Los subsidios fomentan la vagancia y la pereza y agotan las arcas del Estado. Hemos visto de ello ejemplos como los de Venezuela y Argentina.
La mejor reforma política que se puede hacer es fortalecer los partidos políticos, como institución propia de un Estado de Derecho, de un régimen pluralista, que no otorgar personería a una infinidad de grupos sin clara representatividad que persiguen el poder por el poder mismo y para la satisfacción de intereses particulares. Las democracias más avanzadas y funcionales tienen pocos partidos. Aquí queremos ser los primeros en el absurdo y según el CNE ya hay más de 30 partidos y movimientos políticos con personería jurídica. Una adecuada normatividad favorecerá la instauración de un sólido sistema de partidos que estabilice el régimen democrático.
Otro duro golpe padecido por el gobierno, por los efectos que empieza a producir y por la monumental mentira que se dijo al país, es el propinado por el “secuestro” del ministro Prada por la comunidad de Los Pozos de San Vicente del Caguán, según lo dicho a Caracol por el Director de la Policía, General Sanabria. Su secuestro, no retención, impidió la muerte de 7 integrantes del Esmad. Esta declaración motivó extrañas explicaciones por parte del ministro de Defensa.
Se olvida que el mismísimo jefe del Estado manifestó al país que asumía toda la responsabilidad por esos hechos y que la omisión de socorro había sido para no provocar una masacre, luego es a él a quien debe llamársele a responder, que no librar orden de captura contra el Comandante de la Policía de Caquetá por omisión durante el “cerco humanitario” de uniformados en el Caguán.
La Policía, como sucede en la actualidad, se llevó la peor parte. El subintendente Ricardo Monroy fue cruelmente asesinado en completa indefensión y el Comandante penalmente investigado. La población con un sentimiento de total desprotección. Así llegó el cambio prometido.
Estos acontecimientos, tan tristes y desafortunados, nos recuerdan la célebre frase: “Solo la verdad nos hará libres”.
Pildorita: Inadmisible la postura del canciller de desconocer reiterada y olímpicamente las citaciones del Congreso de la República a control político, violando la ley y el artículo 135 de la Constitución Política. Eso ya le hace merecedor de una moción de censura. Y ni qué decir de su manifestación durante el conversatorio de “Paz Total” en Bruselas: “Yo como indígena ya habría quemado el país” ¿Será ese un propósito de la paz total?
