José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de Fedegán, le expresó a la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, que el proyecto de decreto genera serios cuestionamientos y riesgos que ponen en entredicho el respeto a los derechos fundamentales, en especial a la propiedad privada.
A través de una carta enviada a la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica Flórez, el presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie Rivera, formuló observaciones al proyecto de decreto reglamentario que modifica las normas relacionadas con la extinción de dominio.
El dirigente gremial considera que las modificaciones y ajustes normativos del proyecto “incurren en afectaciones y excesos al ejercicio de la potestad reglamentaria”. Además, expresó que el Acuerdo para la materialización de la paz territorial – Compra directa de tierras para la construcción de la reforma rural integral que suscribieron Fedegán y el Gobierno Nacional ha tenido respuesta positiva por parte de los ganaderos.
Proyecto de decreto que genera serios cuestionamientos y riesgos
Esto “ha contribuido de manera sustancial a un relacionamiento institucional pacífico y armónico, de manera que considero que no se hace necesaria la expedición de normas como las contenidas en el proyecto de decreto- mencionado que, de acuerdo a diversos análisis desde el punto de vista jurídico, generan serios cuestionamientos y riesgos que más que contribuir a un adecuado ejercicio en la adquisición de tierras en la reforma rural integral, ponen en entredicho el respeto a derechos fundamentales”, agregó el alto ejecutivo.
Lafaurie Rivera recordó la voluntad y los esfuerzos que a diario “venimos adelantando desde FEDEGÁN para contribuir con el Gobierno Nacional en su firme propósito de materializar la reforma rural integral, propósito también usted sabe compartimos y defendemos plenamente, requiere ante todo como elemento fundamental contar con la seguridad jurídica y el respeto por el Estado de Derecho para que los objetivos propuestos se lleven a la realidad de la mejor manera posible”.
Manifestó que los ciudadanos que participen en el proceso de venta de tierras deben percibir que este se adelanta a través de mecanismos institucionales que cumplen a cabalidad con la Constitución Política de Colombia y el pleno respeto al Estado de Derecho.
