El discurso del presidente Gustavo Petro de convertir a Colombia en una despensa agrícola, no podrá ser realidad debido a que su gobierno no ha hecho suficientes esfuerzos para implementar de manera efectiva los programas de inversión para la población rural.
La ejecución presupuestal destinada al sector agropecuario en Colombia ha generado preocupación debido a que, a mitad del año fiscal, se observa una ejecución considerablemente baja de los recursos asignados. Pese al discurso del presidente Gustavo Petro sobre la reivindicación de ese sector, el panorama no es nada halagüeño. Y es que, según datos arrojados de un análisis del sector realizado por la Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero y el 19 de mayo del 2024, por concepto de inversión, solamente llegó al 6,48 %, teniendo en cuenta que para el año en curso el sector agro en Colombia cuenta con una apropiación de 8 billones de pesos para gastos de inversión, con recursos que son distribuidos en siete entidades del orden nacional.
Llama especial atención que la Agencia Nacional de Tierras, entidad clave en la implementación de la reforma agraria del gobierno nacional y con mayor apropiación presupuestal del sector, con 4,9 billones de pesos, presenta una mínima ejecución del 3,83 %.
Por su parte, lz Agencia de Desarrollo Rural alcanza una ejecución del 5,26 %. Entre tanto, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, entidad rectora de la política pública agropecuaria, llega a una ejecución presupuestal del 9,99 %.
El análisis económico también identificó algunos proyectos de inversión que, por su importancia, redundan en mayor medida en la garantía de derechos de la población campesina. El primero de ellos es el incremento de la formalización de predios privados rurales: cuenta con una ejecución del 23,42 %; el segundo, relacionado con el fortalecimiento del ordenamiento social de la propiedad rural que alcanza el 13,5 %; el tercero, sobre el fortalecimiento del programa de reforma agraria y reforma rural integral, únicamente llega al 1,95 % de ejecución.
El porcentaje de realización de los tres programas da cuenta de que la principal apuesta gubernamental en materia agropecuaria, la cual ha sido la garantía del acceso a tierras para la población campesina y la formalización de la propiedad agrícola y rural, no cuenta con la efectividad y el ritmo proyectados al inicio del actual gobierno.
A la Defensoría del Pueblo también le preocupan los proyectos de inversión relacionados con la generación de ingresos para la población campesina y rural, así como el fortalecimiento del sector agro. Por ejemplo, el fortalecimiento cooperativo y asociativo del pilar Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC) a través del programa ‘Campo Emprende’, apenas tiene ejecución del 1 %, y ese mismo fortalecimiento de la ACFC a través de sus alianzas llega al 3,01 % de realización.
A esos dos programas se suman el apoyo para la estructuración y cofinanciación de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural, cuyo avance en su ejecución alcanza el 6,41 %, y la implementación de estrategias de inserción de la población rural a procesos económicos, que llega a un 3,62 %.
Los resultados de la ejecución presupuestal reflejan que no han sido destinados los suficientes esfuerzos para implementar de manera efectiva los programas y proyectos de inversión dirigidos a la población rural. Para la Defensoría del Pueblo, el reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección constitucional exige de parte de las entidades del sector un ritmo de ejecución mucho más rápido que el que se tiene hasta el momento, especialmente en los programas bandera de gobierno nacional, entre ellos, la reforma agraria y rural y la potencialización agroalimentaria del campo.
