Solicitan al mandatario apartarse de su cargo si se confirma que ingresó dinero producto de actividades irregulares a su campaña. El CNE tiene en sus manos una ponencia que recomienda formulación de pliego de cargos dadas las evidencias de financiación ilegal y violación de topes.
Durante los días más tensos de lo que fue denominado por la prensa como la ‘Ñeñepolítica’, el presunto ingreso de dineros de narcotráfico a la campaña del expresidente Ivan Duque, uno de los más acérrimos críticos fue, precisamente, el hoy presidente, entonces senador por cuenta del Estatuto de la Oposición.
En esos días, cuando todos los medios de comunicación mostraban ‘pruebas’ del presunto ilícito, Gustavo Petro transmitía en vivo a través de sus redes sociales, extensas reflexiones sobre las consecuencias jurídicas y políticas de hechos tan abiertamente antidemocráticos como financiarse con dineros mal habidos.
Decía Petro, que el gobierno de Iván Duque carecía de legitimidad, pues, su elección fue posible únicamente con el concurso de actores vinculados al narcotráfico, quienes inyectaron capital.
“Duque no ganó sin esa actividad delictiva ¿qué pasa al tener un presidente elegido sobre la base del delito? Sobre la base del delito ningún gobierno es legítimo”, se le escuchó decir en varias oportunidades.
Hoy que hay fuertes indicios de que no solo ingresaron dineros producto de actividades ilícitas para financiar la campaña, sino que también se habrían violado los topes legales establecidos para estos debates.
Para colmo, una fuente que busca principio de oportunidad con la Fiscalía, asegura que desde la gerencia de su campaña se estructuró un mecanismo de aportes que impedía el rastreo de los mismos por parte de las autoridades electorales.
Prueba de lo complicado del asunto para Petro y su campaña, son la ponencia que recomienda la formulación de pliego de cargos y la incorporación al proceso de los testimonios de dos procesados por el escándalo de Daily Cop, quienes aseguran tener pruebas del ingreso de dinero de sus actividades ilícitas a la campaña.
Concretamente, como dijo el abogado Víctor Muñoz, sus representados, quienes buscan un principio de oportunidad con la Fiscalía, podrían demostrar el aporte en especie de más de $3.500 millones, representados en la compra de un avión que pusieron a disposición de la campaña Petro Presidente y el partido Colombia Humana.
El jurista también informó que los dos nuevos testigos pueden probar que sostuvieron reuniones con el entonces gerente de la campaña, Ricardo Roa, con el objetivo de conocer el esquema para introducir los recursos a espaldas de los entes de control y los compromisos que adquirió con los empresarios de las criptomonedas.
Finalmente, casi acorralado por las actuaciones poco éticas de su círculo más cercano, Petro ve casi con desespero como se cae a pedazos su discurso, mientras un amplio sector de la opinión y la cosa pública le pide medirse con la vara que midió a otros en el pasado.
