A cuatro años de finalizar el plazo para ejecutar las obligaciones adquiridas tras el Acuerdo de Paz, no se sabe cuántas hectáreas de tierra están a disposición del Estado para la adjudicación ni tampoco de dónde va a salir la plata para comprar la que aún falta. La propuesta de un nuevo marco fiscal para tal fin, no ha tenido eco.
Uno de los temas transversales del discurso de Gustavo Petro candidato, fue honrar los Acuerdos de La Habana y ejecutar todas las obligaciones que en el marco de esa negociación adquirió el Estado colombiano, sobretodo, las que están relacionadas con la adquisición y redistribución de la tierra, con el fin de favorecer a cientos de miles de campesinos que hoy no tienen una parcela donde trabajar.
Posesionado como presidente, Petro ha enfilado baterías a lo que será la gesta más importante de su plan de gobierno: la reforma rural integral, que de acuerdo a las guías educativas publicadas por Función Pública “sienta las bases para la transformación estructural del campo, crea las condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural y contribuye a la construcción de una paz estable y duradera. Busca la erradicación de la pobreza rural extrema y la disminución en un 50% de la pobreza en un plazo de 10 años, la promoción de la igualdad, el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad, la protección y disfrute de los derechos de la ciudadanía y la reactivación del campo, especialmente de la economía familiar.”
El objetivo de la reforma es loable, toda vez que según cifras oficiales alrededor del 75% de los entes municipales del país son básicamente rurales, dispersos en más del 94% del territorio nacional y son el asentamiento y del 32% de la población; lo es mucho más, si se tiene en cuenta que el 64% de los hogares rurales no tiene acceso a la tierra. Sin embargo, pese a la disposición de varios sectores políticos y gremiales de apoyar la ejecución de la Reforma Rural Integral, hay muchos asuntos que el nuevo Gobierno debe clarificar primero y luego resolver para llenar las expectativas de los ciudadanos que en el campo esperan por fin tener una propiedad.
La expropiación, un fantasma que ya no asusta
Humberto de la Calle, exjefe negociador del Acuerdo de Paz y actual senador por la Alianza Verde y Centro Esperanza, aplaudió la propuesta del gobierno Petro de llevar a cabo una compra masiva de tierras para alcanzar la cifra que necesita el Fondo, no solo porque se enruta la política del Estado hacia al cumplimiento efectivo de lo pactado, sino también, porque borra por completo la sombra de la expropiación.
“La compra de tierras que ha anunciado el presidente Petro tiene sus ventajas, una, aleja la fingida y supuesta ola expropiatoria. La verdad es que cuando se pactaron las tres millones de hectáreas para el Fondo de Tierras, se establecieron unas fuentes de ingreso a ese fondo, no se cambiaron las normas de expropiación, lo dijimos muchas veces, pero no fuimos lo suficientemente elocuentes”, expuso de la Calle y a renglón seguido recalcó: “Una primera visión, digamos es positiva: corresponde efectivamente al Acuerdo, aleja el fantasma de la expropiación y propone un mecanismo que puede ser más rápido, más expedito para lograr esa tierra”.
José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de Fedegán, coincidió con el exjefe negociador en la importancia de la compra de tierras privadas y aseguró que tanto él como los ganaderos que representa acatarán las decisiones que millones de colombianos tomaron en las urnas.
“Aquellos que no votamos por Petro, no vamos a oponernos a que Petro cumpla a sus electores, me parece que la democracia es precisamente eso, en consecuencia aquí de lo que se trata es ver cómo logramos salir adelante”, comentó Lafaurie en conversatorio con Blu Radio. El dirigente gremial recordó los compromisos que en el pasado adquirieron los gobiernos para con los ganaderos y no cumplieron, además, aseguró que su participación en algunas reuniones exploratorias tienen como objetivo recordar los errores que se cometieron en los 70.
“En el caso propio de Fedegán, cuando lo negoció el doctor de la Calle, en el Gobierno de Santos, pues a mí me pareció, que como una premisa central era no se va a negociar en modelo económico ni en la economía de mercado, el único pedazo de carne que tuve en el asador fue la tierra, pues muy bien, ahora el Gobierno del presidente Petro dice voy a cumplirle a los campesinos y queremos hacer Reforma Rural Integral, y esa integralidad, para no cometer los errores del pasado, desde la Ley 135 en adelante es la clave de buena parte de las conversaciones que venimos haciendo con el Gobierno”, explicó Lafaurie.
Paloma Valencia, senadora por el Centro Democrático y quien ha sido una de las más críticas de lo negociado con las Farc, también estuvo de acuerdo con la entrega de tierras a campesinos, pero hizo algunos reparos a las formas y métodos para hacer efectivas y justas, primero las compras y luego las adjudicaciones.
“Yo creo que la cuestión no es si nos ajustamos a los acuerdos de La Habana, porque yo sigo creyendo que son unos acuerdos ilegítimos, que están viciados por el no que dimos los colombianos. [A la propuesta de] una política pública de entregarle tierras a los campesinos, pues nadie se puede oponer, está muy bien que se le entregue tierra a los campesinos que necesitan tierra, la pregunta es cómo”, sentenció Paloma Valencia.
Todos los participantes en el conversatorio organizado por la emisora Blu Radio tienen desde su perspectiva sensaciones positivas frente a esta política pública, sin embargo, también han identificado varios puntos negros que el nuevo gobierno debe esclarecer para que su ambicioso plan llegue a feliz término.
No hay claridad sobre la tierra disponible
Muy a pesar de la movilización de varias entidades del Estado para el cumplimiento efectivo del Punto Uno del Acuerdo de Paz, los tres personajes en comento mostraron su preocupación ante la falta de claridad sobre las cifras reales de tierra disponible y las fuentes de donde se adquiriría la faltante.
“Hay algo que no me cuadra, el Fondo se previó de tres millones de hectáreas, para ser aplicado en varios años, ya han transcurrido algunos, pero faltan aún unos seis años, ese fondo, repito se nutre de varias fuentes y en particular, donde no me cuadra la cifra y por lo tanto el resultado fiscal como lo plantea el presidente es dramático”, señaló Humberto de la Calle, refiriéndose a la cifra que ha dicho el presidente cuesta el componente de adquisiciones para la reforma rural integral.
Advierte también de la Calle que ese fondo tiene a sus disposición un número importante de tierra que el gobierno debe determinar a ciencia cierta la extensión y situación jurídica, para poder calcular con precisión el dinero que se necesita y comprar la tierra faltante, que es, a claras luces el meollo del asunto. “Al Fondo han ingresado 1.912. 869 de las cuales ya se han entregado 485.348 o sea, que ya el Fondo tiene un volumen considerable, lo que yo quiero decir, es que estoy de acuerdo con el Presidente Petro, pero creo que es una cifra menor a la que se está haciendo pública”, explicó el senador de la Alianza Verde.
Por su parte, José Félix Lafaurie que ha venido llevando sobre este punto reuniones exploratorias con el gobierno, perfiló a la que podría ser la entidad con mayor posibilidad de aportar tierras al fin que se ha propuesto el presidente Petro: “hay una fuente, indudablemente una fuente es la tierra que está en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y que fue incautada al narcotráfico. Incluso una de las cosas que yo tuve la oportunidad de enviarle al Gobierno fue un documento que tuve la oportunidad de conocer antes de hacer e relevo en la SAE y ahí hay 7.402 predios rurales, esa es mucha tierra”, esbozó.
No obstante, a las en teoría cifras positivas en lo que respecta a incautaciones, Lafaurie sostiene que éstas tienen que ser disminuidas, pues, mucha de esa tierra no está completamente saneada ni a disposición total de estado. “En el inventario que tiene la misma Agencia Nacional de Tierras da cuenta de casi 2 millones de hectáreas, por su puesto, ahí hay tierra incautada, pero hay tierra que no está de manera plena en poder del Estado, porque no es lo mismo la incautación a una persona natural que cuando se incauta a una sociedad que tiene que seguir cumpliendo su objeto social, en consecuencia, digámoslo, ahí hay una fuente importante de tierras”, anotó el presidente ejecutivo de Fedegán.
Fiel a su estilo, Paloma Valencia fue más allá y aseguró que el nuevo Gobierno no le conviene hacer públicas las cifras reales de tierra que tiene a su disposición, porque daría al traste con el proyecto, según ella, populista que en realidad quiere ejecutar el presidente Petro. “En el proceso de la identificación plena de esos dos millones de hectáreas, se identificaron dos millones adicionales, es decir 4 millones de hectáreas que son baldíos y que están en manos de campesinos, que es lo que a mí me preocupa que el presidente Petro dice que eso no le da a abasto, porque claro, él lo que quería era salir a hacer política con los bancos de tierra y adjudicarle él directamente a los campesinos la tierra, esa es una visión distinta”, denunció la senadora por el Centro Democrático.
¿De dónde va a salir la plata?
A este problema de cifras encontradas en cuanto a la disposición de tierra para adjudicación, debe sumársele, otro de esosinconvenientes por resolver para la normal ejecución de la Reforma Rural Integral: su financiación, pues, el Gobierno Nacional no dispone del monto que necesita para alcanzar la meta propuesta.
«El primer punto del acuerdo está entre 30 y 60 billones de pesos. ¿Dónde está esa plata? Yo le pregunto a la sociedad colombiana ¿cómo vamos a conseguir esos 60 billones de pesos? ¿Nos lo van a regalar, quién los va a poner sobre la mesa? (…) Queremos paz, queremos que la sociedad abandone la violencia, pues tenemos que cumplir los acuerdos firmados. Ese es el primer requisito», dijo recientemente el presidente Petro.
Pero, no solo Petro está preocupado por el déficit y en sus propias palabras encerrado en “un laberinto de instituciones alrededor del tema de la paz”, sino también el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), entidad que tiene a su cargo el catastro en Colombia. En días pasados, a través de un comunicado de prensa informó que de los 546.650 millones de pesos que necesita para su normal funcionamiento, sólo le asignaron la mitad, por lo tanto, “al no contar con la totalidad de los recursos, el IGAC tendrá dificultades para dar cumplimiento a las metas establecidas por el Gobierno nacional”, se lee en el boletín.
Como si fuera poco tal anuncio, la propuesta de un nuevo marco fiscal que logre recaudar la plata de la Reforma Rural Integral no ha tenido mucho eco en los empresarios, quienes han rechazado de plano el aumento de los impuestos y el desmonte de algunas excepciones tributarias.
Humberto de la Calle cuestionó los mensajes alarmistas que a este respecto ha enviado Petro: “Las cuentas de servilletas son muy fáciles, hay un millón 900 mil en el Fondo, se han entregado 400.000 y pico, entonces, tenemos un millón 300 mil disponibles y siempre se dijo que el 40% de esas tres millones de hectáreas estaba en manos de ilegales y que además había baldíos para recuperar, supóngase que no es el 40%, pero de las tres millones hay la posibilidad de obtener la mitad o un poco más de esa cifra, entonces con la cifra de 10 millones por hectárea, habría que hacer una pura tarea aritmética, pero lo que quiero decir es que me preocupa que esa cifra tan abultada pueda terminar desestimulando una idea que yo creo que es correcta”.
Finalmente, José Félix Lafaurie, quien ha sido según muchos medios de comunicación ‘el canal secreto de la Reforma Agraria Integral’, envió lo que puede considerarse un parte de tranquilidad, pues el gobierno Petro ha dado muestras de respeto y seriedad con el asunto, además, tiene como garante al senador Iván Cepeda.
“¿Cuánta tierra? ¿Cuánto dinero? ¿En qué plazo? ¿Y en qué condiciones? Es parte de una serie de conversaciones que hemos tenido con el gobierno y debo decir que han avanzado con mucho rigor y mucha razonabilidad y en consecuencia esperemos, porque finamente es el gobierno quien toma las decisiones en esta materia”, puntualizó el presidente ejecutivo de Fedegán.
