La Superintendencia aclaró que las EPS bajo intervención siguen siendo supervisadas bajo las normativas de inspección y control, y que no existe coadministración con los agentes interventores, quienes son independientes de la entidad reguladora.
En un comunicado oficial, la Superintendencia Nacional de Salud anunció que, tras recibir una denuncia el pasado 22 de septiembre de 2024 sobre la posible intervención de Mario Andrés Urán en la administración y uso de recursos de salud en varias EPS, ha tomado medidas de investigación y control.
La denuncia expone presuntas irregularidades en el direccionamiento y contratación de servicios, que, según la Superintendencia, motivaron una serie de auditorías inmediatas el 25 de septiembre de 2024.
Las entidades supervisadas incluyeron a Coosalud EPS S. A. y a tres EPS intervenidas: Servicio Occidental de Salud S. A. (S. O. S.), Asmet Salud EPS S. A. S., y Emssanar EPS S. A. S., cuyas sedes en Cartagena, Cali, Popayán y Pasto fueron auditadas de manera simultánea y sin previo aviso.
La investigación inicial de la Superintendencia ha revelado posibles irregularidades, como la presunta confabulación liderada por Mario Andrés Urán en la asignación de contratos a las mismas Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) desde su rol de asesor en Coosalud, así como una concentración de pagos a ciertas IPS sin justificación.
Además, se detectó la posible autorización previa por parte de interventores de las EPS intervenidas para someter decisiones de pagos a la aprobación de Urán, en detrimento de otras entidades de salud.
El comunicado también destaca la presunta existencia de un esquema de favores a laboratorios y marcas específicas de medicamentos, dirigido por Urán junto a otros implicados, como Indira Ocando y Tony Negrette.
Así mismo, el informe señala que se solicitó el perfilamiento de funcionarios de la Superintendencia, atentando contra su seguridad e integridad física y mental.
El Superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal Angarita, informó que, ante la gravedad de los hallazgos, se remitió una denuncia a la Fiscalía General de la Nación el pasado 22 de octubre de 2024, con el fin de que se inicie una investigación penal sobre los hechos y pruebas recabadas.
