A través de un documento, los ministros de Hacienda y Crédito Público; Educación, Agricultura y Desarrollo Rural y, el director del Departamento Nacional de Planeación, dejaron sentadas sus críticas al articulado presentado recientemente al Congreso y que se habían hecho públicas hace días sin muchos detalles.
Hace unos días, Cecilia López Montaño, ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, explicaba en medios de comunicación que junto a un grupo de altos funcionarios habían hecho cuestionamientos a la forma cómo está redactado el articulado de la Reforma a la Salud y los serios inconvenientes de distinta índole ellos pensaban tenía y a la postre podría traer muchos problemas y desgastes al gobierno.
“Yo hice lo que pude, creo que tenía la obligación de ayudar y dar ideas que si cuajan o no cuajan eso es otra cosa […], así como Alejandro dijo lo suyo, José Antonio dijo lo suyo, Jorge Iván dijo lo suyo”, señaló la ministra en un tono más bien de frustración y dando a entender que sus apreciaciones no habían sido tenidas en cuenta.
Este fin de semana, se conoció un documento donde los ministros de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Ocampo; Educación, Alejandro Gaviria; Agricultura y Desarrollo Rural, Cecilia López y, el director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González, enunciaron y argumentaron las críticas que públicamente habían manifestado sobre la Reforma a la Salud.
Problemas constitucionales y fiscales
Las objeciones planteadas por los altos funcionarios giran en torno a los problemas de tipo constitucional y fiscal que podría acarrear la aprobación del articulado tal cual fue presentado al Legislativo. En el centro de esta discusión, está el tema de la eliminación y continuidad de las EPS.
Hasta el momento, tanto la ministra de Salud como el presidente han sostenido y defendido ante la opinión pública un régimen de transición que permita en un plazo determinado de tiempo a gobernaciones y alcaldías asumir el control de los recursos para la prestación del servicio de salud, eliminando el aseguramiento y de paso a las EPS. Sin embargo, los firmantes del documento consideran que el sistema debería ser mixto.
A este respecto, los ministros inconformes aseguran que debe garantizarse la operación de algunas EPS donde sea probada su eficacia. “Consideramos importante adelantar el proceso de territorialización y establecimiento de monopolios en ciertos territorios. Sin embargo, se debe mantener la competencia en aquellos sitios donde las condiciones lo permitan (ej: en ciudades)”, se lee en el documento de 17 páginas.
Ley estatutaria
Ocampo, Gaviria, López y González opinan al igual que unos 30 congresistas que la Reforma a la Salud debe tramitarse como una Ley estatutaria porque se pretenden modificar algunos puntos claves del ese Derecho Fundamental, evitando que una vez aprobada como está sea objeto de reproche por parte de la Corte Constitucional.
Como se sabe, las leyes estatutarias demandan un trámite especial con exigencias particulares, entre estas: mayoría absoluta, votación nominal y en una sola legislatura, es decir, un proceso mucho más complejo para su aprobación, mientras que las ordinarias, se aprueban con mayoría simple y sin ningún límite de tiempo para realizar los respectivos debates en comisiones y plenarias.
“La Ley Estatutaria 1751 de 2015 establece que el derecho a la salud corresponde precisamente a un derecho fundamental, “autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo”. En otras palabras, la regulación legal del mismo deberá atender los trámites estatutarios constitucionales respectivos. Por otra parte, a pesar de que puedan existir disposiciones ordinarias en el Proyecto de Ley, la Corte Constitucional ha establecido que el trámite deberá atender el más exigente, en los términos de la Constitución Política”, explicaron los altos funcionarios.
En ese sentido, aseguraron que el gobierno se equivoca al darle trámite ordinario a una ley que es a todas luces estatutaria y solicitan que la discusión se dé atendiendo a esas disposiciones legales. “A la luz de las consideraciones anteriores, y a juicio de nuestras Carteras, el proyecto de ley deberá atender los trámites y condiciones especiales de las leyes estatutarias, independientemente de que algunas de sus disposiciones tengan el carácter de leyes ordinarias”, precisa el documento.
Consecuencias sobre las finanzas públicas
Los ‘ministros discrepantes’, como han sido denominados por algunos medios de comunicación, también advierten sobre las consecuencias que tendría sobre las finanzas públicas, pues, a su sentir, el articulado de la Reforma a la Salud desconoce lo establecido en la Ley General de Presupuesto y el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
“Estas carteras presentan su preocupación frente a los eventuales impactos fiscales del Proyecto y sus implicaciones en el Presupuesto General de la Nación”, dijeron y a renglón seguido explicaron: “de acuerdo con el Documento ‘La Reforma a la Salud un desafío de todos’, el gasto actual en atención primaria asciende a $8.79 billones. Con la Reforma propuesta se parte de un incremento de gasto a $16.89 billones durante el primer año, a $20.47 billones en el segundo, así como un incremento sostenido hasta $27 billones para la vigencia 2027 equivalente a un promedio de crecimiento, en pesos de 2023 de $2.5 billones por año”.
Finalmente, advirtieron que en el actual escenario sin reforma, el Estado debe asumir el costo de la atención primaria estimado en 8.79 billones, incrementado en 25 % real cada vigencia, a la cual hay que sumarle el valor adicional que implica la tasa de crecimiento de la población.
