Presidentes de las altas cortes, la Fiscalía y las seccionales judiciales pidieron al grupo terrorista dejar en libertad a dos funcionarios de la Dirección de Protección y Asistencia. El llamado también fue dirigido a la ONU, la OEA, la Cruz Roja y la Iglesia para reforzar las gestiones humanitarias.
La presión institucional para exigir la liberación de los dos funcionarios de la Fiscalía secuestrados por el ELN sumó este jueves un nuevo respaldo: el de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial. El pronunciamiento fue suscrito por los máximos representantes de las altas cortes, la Fiscalía General de la Nación, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las seccionales de todo el país.
Los agentes Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, pertenecientes a la Dirección Nacional de Protección y Asistencia de la Fiscalía, fueron retenidos por el grupo armado en hechos que aún no han sido esclarecidos plenamente por las autoridades, pero que han despertado una ola de solidaridad en los sectores judiciales.
En el comunicado, la Rama Judicial reivindica su deber de proteger la vida e integridad de los servidores públicos y advierte que hechos como este vulneran no solo los derechos fundamentales de las víctimas, sino el funcionamiento del sistema de justicia. “Su regreso seguro y en condiciones de dignidad es un imperativo”, expresaron los voceros.
Finalmente, la Comisión pidió intervención activa de organismos internacionales y eclesiásticos —como la Misión de Verificación de la ONU, la MAPP/OEA, el CICR y la Iglesia Católica— para agilizar los canales de mediación. Aunque no se mencionaron plazos, el mensaje deja claro que se trata de un asunto urgente para la institucionalidad judicial.
