Explosiones en Guaviare, asaltos armados en Cali, bloqueos campesinos en Cauca, disturbios en Barranquilla, toma de instalaciones en Bogotá y ataques políticos en la Costa. En menos de un día, el país vivió una cadena de hechos violentos que desnudan la fragilidad de la seguridad nacional.
Colombia amaneció con el eco de múltiples emergencias que, en menos de 24 horas, pusieron en evidencia la magnitud del deterioro del orden público. Diversas regiones fueron escenario de atentados, disturbios y protestas que reflejan la creciente fragmentación territorial y la pérdida de capacidad institucional para contener la violencia.
“Antes de pensar en reconstruir otros países, habría que empezar por reconstruir la seguridad y la estabilidad del nuestro”, advirtió la periodista Steph Bates en su cuenta de X, donde relató una secuencia de hechos que marcaron la jornada: explosivos en el Guaviare, tiroteos en Cali, bloqueos en Cauca, vandalismo en Bogotá y disturbios en Barranquilla.
En Calamar (Guaviare), un artefacto explosivo destruyó parcialmente la vivienda del alcalde y provocó enfrentamientos entre la Fuerza Pública y grupos armados ilegales. Poco después, en Cali, hombres armados cometieron asaltos y dispararon contra transeúntes, generando temor y desconcierto en la ciudadanía.
Mientras tanto, en el suroccidente, campesinos del Cauca bloquearon la vía Panamericana exigiendo el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno Nacional en materia de infraestructura y reforma agraria. De forma paralela, en Bogotá, encapuchados vandalizaron cámaras de seguridad y ocuparon temporalmente instalaciones del Ministerio de Agricultura en medio de protestas estudiantiles.
La violencia también alcanzó la región Caribe. En Barranquilla, un grupo de desconocidos incendió las oficinas de Vicerrectoría en la Universidad del Atlántico, mientras que en otro punto de la Costa fue incinerado un vehículo vinculado a una campaña política opositora. Las autoridades investigan este último hecho como un posible acto de intimidación electoral.
Aunque los sucesos no guardan relación directa entre sí, la coincidencia temporal de los ataques y disturbios muestra una dispersión alarmante de la violencia. Analistas señalan que la estrategia gubernamental de negociación con diversos actores armados ha restado atención a la seguridad ciudadana inmediata, dejando amplias zonas bajo control de economías ilegales y estructuras armadas locales.
En este contexto, la promesa de la ‘paz total’ parece desvanecerse ante una realidad que avanza más rápido que los acuerdos. El país continúa desangrándose en silencio, mientras el Estado intenta reconstruir autoridad sobre un territorio donde la paz aún es una aspiración lejana.
