La Defensoría del Pueblo llama a las fuerzas de seguridad del Estado para que protejan a las comunidades que están siendo afectadas por el recrudecimiento del conflicto armado en esa región.
Alrededor de 40 familias de la comunidad Chambacú, jurisdicción del municipio de Sipí, en Chocó, tuvieron que desplazarse debido a combates entre el Clan del Golfo y el ELN. Los núcleos familiares afectados, compuestos por 31 adultos, 28 menores de edad y cuatro madres lactantes, llegaron hasta el territorio de la comunidad Negría, en inmediaciones de municipio de Istmina.
El conflicto armado en esa zona de la subregión del San Juan ha derivado en la vulneración de derechos, puesto que los pobladores no pueden ejercer sus actividades diarias, incluidas las laborales, tampoco pueden transportar sus alimentos. Hay restricciones a la movilidad terrestre y fluvial.
De igual forma, la comunidad de Doidó, territorio adscrito a Istmina, también se está viendo afectada por los enfrentamientos armados entre los dos grupos ilegales. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, de continuar la situación de orden público en esa zona, sus habitantes se verían en la obligación de desplazarse.
“Estos enfrentamientos infringen el principio de precaución del derecho internacional humanitario. El escenario de disputa territorial configura graves afectaciones para la población civil, particularmente a las comunidades étnicas. Sus derechos a la vida e integridad deben ser salvaguardados”, señaló el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
La actual situación de orden público se suma al paro armado decretado por el ELN el pasado 10 de febrero en una vasta zona de la subregión del San Juan, lo que agudizaría, de no ser emprendidas medidas efectivas, la situación humanitaria.
Riesgo inminente
Para la entidad, es prioritario que la institucionalidad gubernamental, incluidas las fuerzas de seguridad del Estado, atiendan de manera urgente sus recomendaciones como quiera que son recurrentes y ponen en riesgo inminente a la población.
“Urge un trabajo armonioso y decidido entre los distintos entes estatales para que sean puestas en marcha acciones desde una perspectiva de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, porque el propósito es evitar nuevos riesgos para quienes en este momento están siendo víctimas del rigor del conflicto armado”, indicó Camargo Assis.
Tanto las comunidades de Chambacú como las de Doidó vivieron a mediados del año pasado un desplazamiento masivo forzado.
