La Procuraduría había advertido que la imposición de trabajos forzados por parte de la guerrilla era diferente al delito de secuestro.
En su decisión de correspondencia frente al macrocaso 001, que tiene que ver la toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las FARC, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se vio obligada a adoptar la calificación jurídica señalada por la Procuraduría en diferentes escritos, audiencias e intervenciones, y amplió este macrocaso incluyendo los graves crímenes de lesa humanidad de esclavitud como resultado de la imposición de trabajos forzados.
En el documento, la magistratura destacó la labor de contrastación de la información contenida en los expedientes y otros aportes realizados desde la Procuraduría Delegada con Funciones de Coordinación e Intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz.
Esclavitud
La JEP aseguró que decidió acceder a la petición de la Procuraduría en el sentido de que la imposición de trabajos forzados configuró el crimen de lesa humanidad de esclavitud y que, dicho crimen, se diferencia del de graves privaciones de la libertad (secuestro) en que la imposición de trabajos forzados a las víctimas durante su cautiverio corresponde a una “característica del ejercicio del atributo del derecho de propiedad sobre una persona”, tal como lo había reiterado el Ministerio Público en múltiples oportunidades.
La Procuraduría informó que participará a través de su delegada, en representación de las víctimas y la sociedad en general, así como en garantía de su seguridad jurídica en la audiencia de verificación de sanciones, que tienen un componente privativo de la libertad de entre 5 y 8 años para cada responsable, además de los trabajos, obras y actividades con contenido reparador que deberán cumplir para con las víctimas.
