De las 189 víctimas reconocidas, 84 fueron secuestradas directamente, 96 son familiares o personas cercanas a quienes estuvieron en cautiverio, y nueve corresponden a parientes de víctimas que fueron asesinadas o desaparecidas durante su secuestro.
La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a cuatro exintegrantes del Bloque Magdalena Medio, BBM de las extintas Farc-EP, en el marco del Caso 01 que investiga el secuestro como práctica sistemática de esa guerrilla.
La decisión se sustenta en una minuciosa investigación que reveló la responsabilidad de esta estructura en al menos 189 secuestros en Santander y otras regiones del país.
Los imputados son Erasmo Traslaviña Benavides (‘Jimmy Guerrero’), Pedro Trujillo Hernández (‘Alberto Cancharina’), Jairo Reinaldo Cala Suárez (‘Jairo Quintero’ o ‘Jairo Mechas’) y Fabio Gil Forero (‘Norbey Narváez’), quienes ejercieron liderazgo militar y político dentro del Bloque Magdalena Medio y fueron hallados responsables de ordenar o permitir secuestros, homicidios, torturas, violaciones, desapariciones forzadas y desplazamientos.
De las 189 víctimas, 84 fueron privadas de la libertad directamente, 96 son familiares o allegados, y nueve familiares de personas asesinadas o desaparecidas en cautiverio.
La investigación de la Sala de Reconocimiento de Verdad encontró que el BMM utilizó el secuestro con dos fines principales: financiar su aparato militar y ejercer control social y territorial.
Este bloque operó con fuerza en zonas estratégicas como Bucaramanga, Barrancabermeja, Cúcuta y sus vías de acceso, extendiéndose por Santander, Norte de Santander, Bolívar, Boyacá, Antioquia y Cesar.
Para mantener su dominio, contó con ocho frentes rurales y múltiples columnas móviles que se financiaban también a través de extorsiones, narcotráfico y minería ilegal.
A la fecha, el Caso 01 de la JEP ha registrado 4.213 víctimas acreditadas, y ha imputado a 41 antiguos mandos de las Farc-EP, incluyendo a los siete miembros del último secretariado, entre ellos Rodrigo Londoño Echeverri (‘Timochenko’), quien fue coordinador del BMM, y Pastor Alape, antiguo comandante de ese bloque.
Uno de los hechos más representativos de la acción criminal de este bloque fue la operación conocida como “La despedida a Samper”, en la que decenas de candidatos y funcionarios fueron secuestrados con el fin de “mostrar un vacío de poder” y deslegitimar las instituciones democráticas.
Otro caso emblemático fue la toma de la estación de Policía de Cucutilla (1999), en la que ocho uniformados fueron secuestrados y uno de ellos aún permanece desaparecido.
Los testimonios recogidos por la JEP evidencian el sufrimiento infligido a las víctimas: amarradas por días, golpeadas, humilladas, sometidas a condiciones infrahumanas, sin acceso a necesidades básicas.
Las mujeres secuestradas enfrentaron además vulneraciones específicas por su género, como denuncias de violación y exposición constante al abuso físico y psicológico.
En relación con los secuestros extorsivos, la JEP determinó que muchos fueron ejecutados sin pruebas sólidas sobre la capacidad económica de las víctimas, generando graves impactos en sus familias, que debieron endeudarse o vender bienes para pagar rescates.
También se identificaron alianzas entre frentes guerrilleros y bandas delincuenciales, como en el caso del secuestro de la hija del propietario de Leche Algarra en 2000, por la cual se exigieron ocho millones de dólares.
La magistratura resaltó que el Bloque Magdalena Medio actuó con un alto grado de autonomía, pero bajo una política nacional dictada por el Secretariado.
Los cuatro excomandantes imputados deberán ahora responder ante la JEP: tienen 30 días hábiles para aceptar los hechos y su responsabilidad o presentar argumentos en su defensa. Las víctimas y el Ministerio Público también podrán presentar observaciones durante este plazo.
