Mientras el mandatario cuestionó a la entidad por pronunciarse sobre muertes de pacientes en medio del ambiente electoral, la funcionaria defendió su papel constitucional y reiteró que la crisis de medicamentos es inocultable. El episodio reabre el debate sobre responsabilidades estatales y acceso efectivo a servicios.
Un nuevo choque institucional se desató entre el presidente Gustavo Petro y la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, tras las críticas del mandatario a la entidad por sus alertas sobre la situación del sistema de salud. El intercambio público puso en primer plano las diferencias sobre el diagnóstico de la crisis y el rol de los órganos de control en medio del debate por la reforma sanitaria.
En un mensaje divulgado en redes sociales, Petro cuestionó que “instituciones como la Defensoría del Pueblo, siguiendo el ambiente electoral de la prensa, se apresuran antes del examen legal de rigor a conceptuar sobre la causa de muertes de los pacientes”. A renglón seguido, calificó como “totalmente cuestionable” la actitud de estas entidades y de sectores políticos que, según dijo, frenaron la reforma a la salud.
Con ese marco, el presidente defendió los resultados de su política sanitaria y aseguró que las investigaciones del Gobierno muestran “un gran éxito en la disminución de la mortalidad en Colombia por hechos prevenibles por el sistema de salud integral”. Además, sostuvo que el enfoque preventivo ha salvado “decenas de miles de niños, niñas y mujeres maternas respecto al año 2022 y los gobiernos anteriores”.
Horas más tardes, por la misma vía, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, respondió con un pronunciamiento en el que reivindicó la autonomía de la entidad y su deber constitucional señalar riesgos para los derechos fundamentales. “La Defensoría del Pueblo es la voz de las personas, sobre todo de aquellas más vulnerables”, señaló, al explicar que las alertas buscan garantizar el orden constitucional y la protección efectiva de la población.
En esa línea, Marín sostuvo que la situación del sistema no admite negaciones ni aplazamientos. “La crisis de medicamentos es inocultable. Los efectos en el deterioro de la salud de la población también son inocultables”, afirmó, y advirtió que la falta de disponibilidad de tratamientos está generando empobrecimiento en los hogares con menos recursos.
De igual forma, rechazó que la ausencia de una reforma estructural pueda presentarse como excusa para incumplir obligaciones ya definidas por el ordenamiento jurídico. “La falta de una reforma no es justificación para desatender dichas obligaciones”, indicó, recordando que el Estado debe garantizar prevención, atención, recuperación y cuidados paliativos conforme a normas vigentes.
El cruce deja expuesta una disputa de fondo sobre responsabilidades y prioridades: mientras el Gobierno insiste en avances del modelo preventivo, la Defensoría subraya fallas que, a su juicio, siguen afectando el goce efectivo del derecho a la salud, especialmente en la provisión de medicamentos.
