Además, los tres exmagistrados deberán asumir multas, que varían entre 435 y 306 salarios mínimos legales, según su grado de implicación en los hechos.
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia en la que se condena a tres exmagistrados del Tribunal de Villavicencio por adoptar decisiones ilegales para beneficiar a personas privadas de la libertad, algunas de ellas vinculadas a organizaciones criminales.
Fausto Rubén Díaz Rodríguez, Alcibíades Vargas Bautista y Joel Darío Trejos Londoño fueron sentenciados a penas de cárcel de 10 años, en el caso de Vargas Bautista y Trejos Londoño, y 10 años y seis meses en el caso de Díaz Rodríguez, por los delitos de prevaricato por acción agravado y cohecho propio, respectivamente.
Además, los tres exmagistrados deberán pagar cuantiosas multas: 435 y 306 salarios mínimos legales, dependiendo de su implicación en los hechos. También se les impuso una inhabilitación intemporal para ejercer derechos y funciones públicas.
Los exmagistrados, quienes durante su ejercicio en el Tribunal de Villavicencio tuvieron acceso directo a decisiones clave en procesos penales, fueron hallados responsables de adoptar medidas legales que favorecieron a personas con vínculos con el crimen organizado.
En particular, se les acusa de haber favorecido a Hernán Darío Giraldo, alias Cesarín, jefe de una red criminal en Medellín, otorgándole prisión domiciliaria. En otro caso, uno de los exmagistrados dilató deliberadamente una decisión para permitir que se vencieran los términos procesales y se otorgara la libertad a un reo.
Según la Corte, las acciones de estos exmagistrados no solo violaron la ley, sino que también comprometieron la integridad del sistema judicial.
“Puso en entredicho el principio de legalidad y la transparencia de la administración de justicia”, señaló la Sala respecto al caso de Trejos Londoño.
A su vez, la Corte subrayó la gravedad de los delitos al considerar que, en el caso de Díaz Rodríguez, su papel como ponente le permitió conocer de primera mano los pormenores procesales y, aun así, tomar decisiones que contravenían el marco legal.
A pesar de las condenas, la Corte concedió a los tres exmagistrados la posibilidad de cumplir sus penas en sus lugares de residencia, una medida que se toma por el tipo de delitos cometidos, pero que ha generado controversia debido a la naturaleza de los crímenes.
