La modificación del tipo de consulta, ahora interpartidista, abre un frente jurídico que podría involucrar responsabilidades administrativas si el proceso se suspende. La controversia pone en entredicho la estabilidad de las decisiones electorales adoptadas por el CNE.
El retiro del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, de la consulta interna del Pacto Histórico no solo generó repercusiones políticas dentro de la coalición, sino que encendió alertas sobre el millonario costo del proceso electoral programado para el 26 de octubre de 2025.
Quintero denunció que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría Nacional del Estado Civil alteraron las condiciones pactadas inicialmente al transformar la consulta del Pacto en una consulta interpartidista, decisión que considera una “trampa jurídica” para impedir la unidad del progresismo de cara a las elecciones presidenciales.
“He tomado la decisión de retirar mi nombre y de no participar en la consulta del próximo 26 de octubre. Esto ante la inseguridad jurídica, la falta de garantías y las reiteradas trampas en este proceso”, declaró el exmandatario, quien reiteró su voluntad de mantenerse en carrera presidencial por fuera de la consulta.
Frente a su retiro, otros sectores del Pacto Histórico, como Carolina Corcho, insisten en seguir adelante y solicitan a la Registraduría la reimpresión del tarjetón con claridad sobre el tipo de consulta, custodia estatal del material y garantías para la inscripción de testigos.
El peso del contrato 069 de 2025
La polémica escaló luego de que se conociera el contenido del Contrato Adicional No. 069 de 2025, suscrito por la Registraduría Nacional para la prestación de servicios logísticos, informáticos y operativos relacionados con la organización de la consulta popular, ya sea interna o interpartidista, como se señala expresamente en el documento.
El contrato tiene un valor estimado de $123.406.794.418, según consta en la cláusula octava, incluyendo IVA y demás impuestos. De ese monto, más de $117 mil millones se destinan a servicios profesionales técnicos, cerca de $5.200 millones al transporte de carga, y unos $491 millones al arrendamiento de equipos.
Daniel F. Briceño, concejal de Bogotá y veedor ciudadano, advirtió en su cuenta de X: “si el Pacto Histórico se echa para atrás en la consulta del próximo 26 de octubre que ellos se inventaron y que ellos pidieron, le harán perder $123.406.794.418 a todos los colombianos”.
Según el contrato, la ejecución ya está en curso y su vigencia se extiende hasta el 18 de noviembre de 2025. El primer desembolso, correspondiente al 80 % del valor, se realiza al iniciar la ejecución. La eventual cancelación, por tanto, tendría un impacto directo en las finanzas públicas sin posibilidad de reversión contractual inmediata.
