El exalcalde de Bogotá coincide con varios analistas de la realidad nacional, que el presidente no tiene en el Legislativo el ímpetu suficiente para doblegar a la oposición, que hoy tiene en vilo la tan cacareada reforma a la salud. Necesitaría para su aprobación más de 13 millones de votos.
Muchas han sido las polémicas que han acompañado al hoy presidente, Gustavo Petro, quien, como se sabe, inició su vida pública como militante del grupo guerrillero M19, para luego de un largo trasegar por varios cargos de elección popular, pudo convertirse en Jefe del Estado colombiano.
Sin embargo, las declaraciones dadas por Gustavo Petro en Cali el fin de semana pasado, pueden ser las más controversiales de su historia política, porque están referidas a la modificación de la actual Constitución, teniendo como fundamento principal, el fracaso de las iniciativas legislativas presentadas ante el Congreso.
El exalcalde de Bogotá, Jaime Castro, se refirió a las implicaciones de índole jurídica y política que trae aparejada la puesta en marcha de una Asamblea Nacional Constituyente, en el entendido de que se trata de un procedimiento bastante complejo en la práctica.
“Los propósitos, la convocatoria y la elección de una constituyente no dependen exclusivamente de la voluntad y los deseos del gobierno de turno porque la carta política define y reglamenta los temas anotados. Expresamente dispone que es una de las formas válidas para reformar la Constitución vigente mediante un procedimiento que exige la expedición de ley que sea aprobada por mayoría calificada compuesta por los miembros de una y otra Cámara y no con el mero ‘quorum’ reglamentario de los asistentes a una u otra sesión”, arranca diciendo Castro en su escrito.
A renglón seguido pone de presente el punto más complicado del asunto, si se acepta en gracia de discusión que la propuesta avanza sin ningún reparo en el Congreso: es necesario para que se aprueben las reformas que en los comicios participe al menos la tercera parte de los colombianos habilitados para votar, cifra que el veterano político estima en un poco más de 13.3 millones de votos positivos.
“A lo anotado debe agregarse que la ley igualmente debe establecer cuál será la integración de la corporación pública sugerida, cuántos serían sus miembros y en qué tipo de circunscripciones se elegirían. También definiría la competencia de la asamblea, o sea, las atribuciones y funciones que cumpliría: qué títulos, capítulos y hasta artículos podría cambiar o reformar. No sobra advertir que la varias veces citada ley puede ser demandada ante la Corte Constitucional”, precisó Jaime Castro.
En esta etapa del proceso, de acuerdo a lo establecido por la Constitución, deberán llevarse a cabo los comicios de manera exclusiva, esto es, no puede coincidir con otra jornada electoral. Asimismo, las elecciones de autoridades territoriales quedarían suspendidas en tiempo hasta 2028.
Por otro lado, anota Castro “la elección de los constituyentes tendría lugar a fines del 2025 o principios del 2026 y no coincidiría con el día, pero sí con la época de la elección de presidente y congresistas. Es fácil imaginar todas las consecuencias, complicaciones y enredos de carácter político-electoral que tendría lo anotado. Si se deja esa elección para después de agosto del 2026, Petro no orientaría ni manejaría la asamblea, sino quien lo suceda en el ejercicio del poder”.
Finalmente, afirma que del discurso de Petro puede entenderse un sistema de reformas constitucionales permanentes, dado que el mandatario quedaría facultado para convocar a las urnas todas las veces que sus iniciativas legislativas no sean aprobadas por el Congreso. Esto implica, en definitiva, una pérdida de legitimidad.
“El Gobierno sostiene que las manifestaciones populares a favor de la propuesta gubernamental impulsarán y definirán su suerte. […] La legitimidad política del proceso citado exige que en su trámite, desarrollos y aprobación participen activamente la mayoría de las fuerzas políticas de la Nación, incluidas las que no estén de acuerdo con la iniciativa. No es el caso de la propuesta en curso porque el Presidente considera que es un acto importante de su gobierno y bandera del cambio ofrecido por él y todos sus amigos que ahora ejercen elevadas responsabilidades públicas. […] Todo lo anterior permite concluir que la constituyente del doctor Petro no es viable jurídica ni políticamente”, puntualizó Jaime Castro en su escrito.
