La acción fue presentada por Plural Comunicaciones, operador de Canal 1, que alega vulneración de derechos fundamentales y una supuesta estrategia oficial para afectar su operación y línea editorial. MinTIC y la SIC deberán responder en un plazo de dos días.
El Juzgado 37 Administrativo de Bogotá abrió trámite a la tutela interpuesta por Plural Comunicaciones S.A.S., concesionario responsable de la operación y programación de Canal 1, contra el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). La decisión, tomada por la jueza Adriana del Pilar Camacho Ruidíaz, reconoce que la acción cumple con los requisitos legales y permite iniciar el análisis de fondo.
La tutela, radicada el 26 de noviembre y remitida posteriormente por el Consejo de Estado al despacho competente, busca la protección de varios derechos fundamentales que la compañía considera afectados por decisiones y actuaciones de ambas entidades. El juzgado recordó que, conforme al Decreto 799 de 2025, los jueces del circuito son los encargados de conocer en primera instancia las acciones de tutela contra organismos nacionales, lo que le otorga plena competencia para avanzar en el caso.
Como parte del proceso, la jueza ordenó notificar de inmediato a las entidades demandadas. MinTIC y la SIC tendrán dos días para entregar informes completos sobre sus actuaciones, los antecedentes administrativos relacionados y los funcionarios responsables del trámite. En el auto se advierte que, si las entidades no cumplen con los tiempos establecidos, los hechos expuestos por la parte accionante podrán presumirse veraces, tal como lo contempla el Decreto-Ley 2891 de 1991.
Contra la libertad de expresión
Plural Comunicaciones sostiene que la tutela se presenta en un ambiente de creciente presión contra la libertad de expresión en el país, marcado, según la empresa, por señalamientos públicos del gobierno de Gustavo Petro a medios independientes y un aumento en las agresiones contra periodistas. En ese contexto, la compañía afirma que el Ejecutivo estaría desarrollando una estrategia para afectar directamente a Canal 1: desde cuestionamientos públicos del presidente Gustavo Petro y otros funcionarios hasta anuncios de una nueva licitación para operar el canal, pese a que el contrato actual sigue vigente.
Además, la empresa denuncia actuaciones administrativas del MinTIC y la SIC que, a su juicio, se han adelantado de forma irregular y podrían derivar en sanciones o en la revocatoria injustificada de la concesión. Esto constituiría, según la tutela, un caso de censura indirecta orientado a presionar su línea editorial y su independencia informativa.
El juzgado también reconoció formalmente la representación del abogado Jorge Tirado Navarro, apoderado de la compañía, y anunció la práctica de las pruebas necesarias para esclarecer los hechos.
Una vez MinTIC y la SIC entreguen sus respuestas, el despacho decidirá si existió o no vulneración de derechos fundamentales. El expediente entra así en una etapa clave para determinar el alcance de las actuaciones estatales frente a Canal 1.
