Por: Jesús Mora Díaz
@JessMoraDiaz1
El caso de Alto Remanso desafía el sentido común. Mientras 24 militares siguen en prisión por la operación MAHLON 5, la Fiscalía insiste en reconocer como víctimas a los familiares de los terroristas abatidos. Un despropósito que enciende alarmas.
El último giro en este proceso es la captura de Giovanni Andrés Rojas, alias Araña, líder de los Comandos de Frontera, organización terrorista sindicada de participar en la masacre ocurrida en la región. Alias Araña, delegado en los diálogos de paz, cayó tras una circular roja de Interpol que confirmó lo evidente: siguió delinquiendo mientras negociaba con el Gobierno.
Por esta razón, la defensa de los militares ha solicitado a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, autorización para entrevistarlo. Resulta inexplicable que el fiscal Luis Alfonso Cabezas Guzmán, en la audiencia del 11 de febrero, haya pedido reconocer como víctima a Sandra Arancely Silva Mutumbajoy, hermana de alias Rogelio, combatiente abatido en la operación.
¿Alias Rogelio? Un “combatiente activo” de los Comandos de Frontera.
Incluso la propia Fiscalía de Derechos Humanos, que hoy lleva la acusación contra los militares, reconoció en su expediente que alias Rogelio era parte de esa estructura criminal vinculada a la Segunda Marquetalia. Se ha acreditado que no era un civil, sino que pertenecía al grupo de finanzas de la organización terrorista.
A pesar de esto, su familia ha sido reconocida como víctima en el proceso contra los militares. Y no solo ellos.
La Fiscalía también ha solicitado el reconocimiento de los familiares de otros dos combatientes abatidos: José Antonio Peña Otaya y Enuar Ojeda Sánchez, alias Managua.
La defensa ha señalado irregularidades en el proceso, como la falta de correlación entre el armamento incautado y los abatidos, lo que deja dudas sobre la rigurosidad de la acusación. Pero la pregunta de fondo es: ¿cómo puede la justicia victimizar a quienes pertenecían a una estructura armada ilegal?
Y si ya de por sí resulta inaceptable que se reconozca como víctimas a los familiares de terroristas abatidos en combate, otro hecho enciende las alarmas. Entre quienes buscan presentarse como presuntas víctimas, algunos están representados por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, una ONG con un historial polémico que genera serias dudas sobre los intereses detrás de este proceso.
¿Quiénes son? Nada menos que la misma organización en el centro del escándalo del Pacto de La Picota. Ese episodio aún sin esclarecer en el que Danilo Rueda, entonces director de la ONG y posteriormente nombrado alto comisionado para la Paz, visitó junto con Juan Fernando Petro, hermano del presidente, el pabellón ERE2 de La Picota, donde estaban recluidos criminales de alto perfil.
Esa visita, que ocurrió en plena campaña presidencial, fue presentada como un simple “encuentro humanitario”, aunque nadie ha podido explicar qué se negoció realmente en esas reuniones y por qué de allí salieron listas de “gestores de paz”.
Ahora, esta misma organización lidera la defensa de los familiares de los Comandos de Frontera abatidos en Alto Remanso, argumentando que tienen derecho a ser reconocidos como víctimas. ¿Casualidad? Difícil de creer.
Más que una estrategia legal, esto parece una jugada política que busca imponer una narrativa donde los terroristas son presentados como víctimas del Estado y los militares como verdugos. Un relato conveniente para quienes han buscado debilitar a la Fuerza Pública en favor de estructuras criminales disfrazadas de actores políticos.
El país merece respuestas. No podemos permitir que quienes arriesgaron su vida por la seguridad nacional terminen en prisión, mientras las estructuras criminales son blanqueadas con procesos judiciales a la medida de oscuros intereses. ¿Hasta dónde más llegará este despropósito?
