La idea de los procesados era conseguir que se firmaran contratos para la compra de barcos y aviones de guerra por un valor cercano a los 4000 millones de Euros, de acuerdo con la Fiscalía de Nápoles, habrían ofrecido pagar una comisión ilegal de 80 millones de Euros.
Se conoció recientemente que la justicia italiana, más exactamente, la Fiscalía de Nápoles, inició una investigación penal en contra de Massimo D’Alema, exministro de Asuntos Exteriores y expresidente del Consejo de Ministros de ese país por las presuntas irregularidades cometidas en un negocio en el que se intentaron vender barcos y aviones militares a Colombia.
También fueron vinculados al proceso penal Alessandro Profumo como director general de Leonardo y Giuseppe Giordo, director general de la división de buques de guerra de Fincantieri.
Según los documentos que sustentan la investigación, dados a conocer por el diario Corriere della Sera y en exclusiva para Colombia por el periodista del programa La Luciérnaga de Caracol Radio, Melquisedec Torres, de acuerdo con la acusación, las personas vinculadas al proceso habrían hecho ofrecimientos ilegales a funcionarios y civiles colombianos con el fin de suscribir el contrato.
«Los sospechosos actuaron en diversas capacidades como promotores de la iniciativa económica comercial de vender al gobierno colombiano productos de empresas italianas con participación pública: Leonardo, en particular aviones M 346, y Fincantieri, en particular Corvettes y pequeños submarinos», se lee en los autos de apertura del proceso.
Asimismo, detallan que el valor total de los contratos que querían suscribir rondaba los 4000 millones de euros y que para obtener la firma del millonario convenio se habrían ofrecido pagos irregulares a personas vinculadas con el gobierno colombiano.
“Ofrecieron y prometieron a otras personas la contraprestación ilícita de 40 millones de euros correspondientes al 50 % de la comisión total de 80 millones de euros”, se lee en otro de los apartes de documento liberado por la Fiscalía de Nápoles.
Sobre el particular, advierten que están investigando las acciones que desplegaron en aras de suscribir el contrato: Edgardo Fierro Flores, jefe del grupo de trabajo para la presentación de oportunidades en Colombia; Marta Lucía Ramírez, canciller y vicepresidenta de Colombia; Germán Monroy Ramírez y Francisco Joya Prieto, delegados de la comisión del Senado de Colombia.
Es importante mencionar en este punto que Edgardo Fierro Flores, como jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia y donde era conocido con el alias de Don Antonio, arrastra tras de su persona un número importante de víctimas en el departamento del Atlántico por cuenta de su accionar en esa organización al margen de la ley.
Colombianos rechazan vinculación al proceso
A través de su cuenta de Twitter, la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez aseguró que no tiene nada que ver con el asunto en comento, pues, mientras ejerció funciones en el gobierno de Iván Duque nunca tuvo contacto con el exministro de Asuntos Exteriores de Italia.
“Ni como vicepresidenta tuve funciones relacionadas con compra de equipo militar, ni como canciller recibí información sobre el escándalo contra exprimer ministro de Italia Massimo D’Alema. La Embajada de Colombia manejó el tema con los ministerios de Defensa de ambos países”, trinó Ramírez.
En ese mismo sentido fueron las declaraciones ofrecidas a varios medios de comunicación por Diego Molano Aponte, ministro de Defensa para la época de los hechos.
Indicó que Colombia como Estado no tuvo nunca interés en comprar los equipos militares que se detallan en la investigación en curso y que el eco que se han hecho desde sectores del petrismo tienen la intención de desviar la atención de lo dicho por Armando Benedetti y revelado por la Revista Semana.
“Colombia no estaba en proceso de negociación, no contrató y menos por las cifras que ellos señalan: 4000 millones de euros. En el Ministerio de Defensa no había licitación y ninguno de los actores participaron en el proceso. Estos se abren por convocatoria a nivel nacional e internacional. Con esto, el presidente Petro busca desviar la atención de su escándalo para buscar levantar una cortina de humo y no se hable de los temas relevantes. Todo es un proceso de investigación interna en Italia”, puntualizó Molano.
Finalmente, el abogado de Massimo D’Alema en este proceso comentó en entrevista con W Radio que era muy difícil que la justicia italiana pudiera enjuiciar a los colombianos que se mencionan en el escrito de la Fiscalía de Nápoles.
