La exfuncionaria, acusada de participar en el presunto direccionamiento irregular de un contrato de carrotanques de la UNGRD, continuará privada de la libertad mientras avanza el juicio en su contra. La Fiscalía argumentó que aún representa un riesgo para el proceso judicial.
Un juez penal de control de garantías de Bogotá dejó en firme la medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las Regiones, quien es procesada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público.
La decisión ratifica la detención preventiva impuesta el 18 de diciembre de 2024, luego de que el juez rechazara los argumentos de la defensa, que buscaba la revocatoria de la medida
. De acuerdo con el fallo, la Fiscalía General de la Nación demostró que la exfuncionaria aún representa un riesgo para la comunidad y mantiene la capacidad de obstruir el desarrollo del proceso penal.
Ortiz Nova fue acusada formalmente por hechos ocurridos en octubre de 2023, cuando presuntamente movilizó 3.000 millones de pesos que habrían sido entregados al entonces presidente del Congreso de la República, en el marco de un supuesto direccionamiento irregular de un contrato de carrotanques en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La Fiscalía sostiene que la actuación de la exconsejera habría facilitado la entrega de estos recursos dentro de un esquema de corrupción que involucró a varios exfuncionarios y contratistas públicos.
Con esta decisión, Sandra Ortiz Nova continuará detenida mientras avanza el juicio en su contra, en el que la Fiscalía busca probar su responsabilidad penal en el manejo irregular de dineros públicos y en el uso de su cargo para influir en decisiones gubernamentales.
