La Fiscalía imputó cargos al exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha, y a otras siete personas, por su presunta participación en el direccionamiento ilícito de contratos en la UNGRD. Entre los hechos, se destaca un soborno de 3.000 millones de pesos por la adjudicación irregular de 40 carrotanques destinados a La Guajira.
La Fiscalía General de la Nación imputó ante una juez de garantías de Bogotá al exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha, por su presunta participación en un esquema de corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), relacionado con el direccionamiento fraudulento de contratos por miles de millones de pesos.
Junto a Manrique Soacha, fueron imputadas siete personas más, entre ellas el abogado Édgar Eduardo Riveros Rey, su hija Ana María Riveros Barbosa, su cuñada Sonia Rocío Romero Hernández, así como funcionarios y contratistas vinculados a la Corporación Mixta Yapurutú y a la UNGRD.
Los delitos imputados incluyen concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y privado, lavado de activos y otros cargos.
La investigación reveló que, entre marzo de 2023 y mayo de 2025, Manrique gestionó la entrega de 100.000 millones de pesos de un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo, a cambio de direccionar los contratos surgidos de dichos recursos y recibir una comisión del 7%.
Uno de los casos más graves está relacionado con un contrato adjudicado en octubre de 2023 para la adquisición de 40 carrotanques por 29.000 millones de pesos, destinados a llevar agua potable a comunidades indígenas de La Guajira.
La adjudicación fue otorgada a la Corporación Mixta Yapurutú de forma ilícita, mediante una propuesta comercial con sobrecostos y documentación falsificada.
El suministro presentó un sobrecosto de más de 13.000 millones de pesos, de los cuales se pagaron coimas por 3.000 millones a Manrique Soacha, 2.060 millones a Riveros Rey y más de 6.300 millones a directivos de Yapurutú.
Los hechos también implican una red de triangulación de recursos. Parte del dinero fue consignado en una cuenta de Ana María Riveros, desde donde se realizaron múltiples retiros en efectivo que luego fueron entregados al subdirector de la UNGRD, Luis Carlos Barreto —ya judicializado— y canalizados hacia Manrique Soacha a través de su asesor Jorge Aristizábal Rodríguez.
Los implicados no aceptaron los cargos, pero la Fiscalía anunció que continuará con la judicialización de esta red que compromete a funcionarios de alto nivel y contratistas vinculados a graves actos de corrupción que afectaron programas sociales destinados a poblaciones vulnerables.
