Según su análisis, la combinación de mayores intereses, señales tributarias adversas y falta de certidumbre regulatoria puede afectar empleo, financiamiento empresarial y calificación de riesgo, por lo que pidió disciplina fiscal y recuperación de la confianza como prioridades inmediatas.
El debate sobre la emergencia fiscal decretada por el Gobierno Nacional entró en una fase de mayor controversia tras las críticas del exministro de Hacienda José Manuel Restrepo. Para el exfuncionario, la coyuntura actual no corresponde a un hecho imprevisto, sino a un escenario “fabricado” a partir de decisiones fiscales y presupuestales adoptadas en los últimos años.
Restrepo afirmó que el Ejecutivo conocía de antemano la magnitud del faltante y que la desfinanciación no fue sorpresiva. “No existe un hecho sobreviniente porque el Gobierno sabía de antemano que estaba desfinanciado en más de $45 billones”, señaló, al recordar que el presupuesto debía transitar por una ley de financiamiento cuyo resultado dependía del Congreso. En su concepto, la emergencia “no puede ser un atajo fiscal para una mala planeación o gestión”.
El exministro enumeró cuatro factores que, según él, explican la situación: crecimiento del gasto, presupuestos desfinanciados, suspensión de la regla fiscal y aumento del costo de la deuda. En particular, sostuvo que los intereses pagados hoy son “casi 50 por ciento más altos que a inicios de 2022”, lo que incrementa las presiones sobre las finanzas públicas. A esto sumó lo que describió como complacencia con el gasto de funcionamiento y la ampliación del déficit estructural.
Sobre las medidas tributarias en evaluación, advirtió impactos sobre el sector productivo. Restrepo afirmó que se mantiene “la tendencia del aumento en la tasa combinada socio-empresa”, lo que se reflejaría en el nivel más bajo de inversión como proporción del PIB en dos décadas. Según su lectura, ello consolida “un escenario de destrucción del sector privado”, con efectos en el empleo y la dinámica económica.
En cuanto a la sobretasa de 50 por ciento para el sector financiero, fue aún más enfático. La calificó como “profundamente equivocada” y “contraria a la lógica del mundo”, advirtiendo que tasas de ese nivel “terminan convirtiéndose en casi confiscatorias”. Aseguró que finalmente el costo recaerá sobre los usuarios del sistema, a través de mayores tarifas y encarecimiento del crédito.
José Manuel Restrepo también cuestionó la venta directa de TES por $23 billones al inversionista extranjero Pimco. Consideró la operación un “rompimiento con la historia de prudencia macroeconómica”, con potenciales efectos en las tasas del mercado y en la percepción de transparencia. En su criterio, el proceso “distorsiona el mercado de crédito público” y puede generar suspicacias entre otros actores institucionales.
Finalmente, frente al manejo de corto plazo, el exministro planteó alternativas distintas a la emergencia: recorte efectivo del gasto de funcionamiento, mejor focalización de la inversión, disciplina fiscal y restablecimiento de la confianza para reducir el costo de la deuda. El debate ahora se desplaza al análisis jurídico y económico de la emergencia y a sus efectos sobre empresas, hogares y el propio financiamiento del Estado.
