Proyecciones privadas estiman déficit del Gobierno Central por encima de 8 % del PIB en 2025 y deuda superior a 63 %. El gasto primario retomó una senda expansiva y, para 2026, los intereses equivaldrían al 256 % de las amortizaciones tras diferirse $21,9 billones.
El cuadro fiscal volvió al centro de la discusión pública tras los mensajes del exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, quien advirtió que Colombia podría cerrar 2025 con un déficit superior a 8 % del PIB y una deuda neta por encima de 63 %. Sus señalamientos llegan en medio de series históricas y estimaciones privadas que registran un repunte del gasto primario, ingresos tributarios con bajo dinamismo y un costo de la deuda al alza.
Según el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2026, el gasto primario del Gobierno Nacional Central (sin FEPC ni intereses) se ubicaría alrededor de 20,3 % del PIB, un nivel cercano al observado en 2020 durante la emergencia sanitaria. Este punto es clave: más gasto corriente exige más financiamiento, restringe espacio para inversión pública de alto multiplicador y acentúa la presión sobre la regla fiscal.
“Cuando el resultado primario se deteriora y la economía crece por debajo de su potencial, la relación deuda/PIB tiende a escalar aunque se ejecuten reformas tributarias. El ajuste pierde potencia si el gasto corriente crece más rápido que el ingreso estructural y si la inversión privada no reanuda su papel dinamizador”, precisó el destacado economista y exrector de la Universidad del Rosario.
A la par, el costo del servicio de la deuda suma tensión adicional. Con base en las apropiaciones vigentes y el proyecto de PGN, para 2026 los pagos de intereses equivaldrían al 256 % de las amortizaciones, un máximo histórico. El desbalance se explica, en parte, por mayores tasas y por la decisión de diferir obligaciones por $21,9 billones, medida que otorgó liquidez inmediata pero trasladó vencimientos hacia adelante.
“Diferir pagos da oxígeno transitorio, pero encarece el perfil de vencimientos si el ciclo de tasas no corrige y si el ajuste primario tarda. El resultado es un presupuesto más rígido: sube la participación de intereses, cae la flexibilidad y aumenta la probabilidad de incumplir la trayectoria de la regla fiscal”, advirtió José Manuel Restrepo.
En el frente de combustibles, la normalización de la gasolina redujo presiones, aunque el subsidio al diésel (ACPM) conserva costos relevantes entre 2023 y 2025. Diversas estimaciones los sitúan alrededor de $50 billones. Sin un esquema de salida gradual y compensaciones focalizadas para transporte y alimentos, el esfuerzo fiscal recae sobre déficit y deuda.
“Un gasto primario en torno a 20 % del PIB, sin una fuente permanente de ingresos, obliga a elegir: o se prioriza un plan de consolidación creíble, o la deuda crece más rápido que la economía. La credibilidad depende de anclas verificables: metas, cronogramas y medidas de eficiencia del gasto”, alertó el exministro de Hacienda.
Restrepo sostiene que, tras tres años de corrección post-pandemia, la trayectoria volvió a deteriorarse en 2024–2025. En su lectura, el bajo crecimiento y la desconfianza empresarial limitan el recaudo, mientras el presupuesto de funcionamiento gana peso. En ese contexto, insiste en un plan de consolidación que recupere la prudencia macroeconómica.
“Para recuperar sostenibilidad se requieren decisiones simultáneas: contención del gasto corriente, cronograma de retiro de subsidios con compensación focalizada, reactivación de la inversión privada y una ruta explícita de resultado primario. Sin estas piezas, el ajuste descansa en crecimiento improbable o en deuda más cara, ambas hipótesis frágiles”, puntualizó el académico.
Finalmente, explicó que un gasto primario elevado, déficit amplio, deuda en ascenso y servicio de deuda oneroso*configuran un entorno de mayor vulnerabilidad. El debate ya no es si habrá ajuste, sino cómo y cuándo ejecutarlo sin sacrificar el crecimiento: calidad del gasto, eficiencia tributaria y señales de confianza serán determinantes en la agenda ejecutiva.
