El dirigente gremial y negociador de paz con la guerrilla del ELN hizo un análisis del soporte jurídico de la Ley 2272 de 2022 que definió la política de paz del Estado. Además, rebatió los argumentos con los que ese grupo ha justificado sus ataques a la Fuerza Pública e infraestructura y hostigamientos a la población civil.
“Sin cese de hostilidades no puede haber cese al fuego. Un acuerdo que deje a la Fuerza Pública con las manos atadas contra la ilegalidad no pasa un examen de constitucionalidad, y lo que es más importante, no pasa el examen de una sociedad agobiada y hastiada por la violencia”.
Así escribió José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de Fedegán y negociador de paz con el ELN, en su más reciente columna de opinión semanal en donde, además, hizo un análisis del soporte jurídico de la Ley 2272 de 2022 en donde “… se define la política de paz de Estado”.
“No es un tema menor”, sostuvo y agregó que con esta ley se autoriza al Gobierno a llevar a cabo “Negociaciones con grupos armados organizados al margen de la ley con los que se adelanten diálogos de carácter político…”, una definición que tiene mucho que ver con la autopercepción del ELN y con el alcance del cese al fuego.
La Mesa no legaliza al ELN
El dirigente gremial recordó que el ELN se autopercibe como ejército regular en igualdad de condiciones con la Fuerza Pública, pero no lo es. Y citó el reciente comunicado del COCE (comando central de ese grupo subversivo) en donde pretende que “nuestras acciones militares deben analizarse al igual que se analizan las operaciones de las fuerzas gubernamentales”.
“Por el contrario, la Ley 2272 deja claro que el reconocimiento político no ‘legaliza’ al ELN, es decir, que el Gobierno negocia con un grupo ‘al margen de la ley’, es decir, ilegal, condición que no se borra en la Mesa”, manifestó Lafaurie Rivera.
En su columna semanal, el negociador de paz preguntó: ¿por qué esta autopercepción afectaría un acuerdo de cese al fuego? Y respondió que “de la misma manera que la Mesa no borra la ilegalidad del ELN, tampoco borra la legitimidad constitucional de la Fuerza Pública ni sus obligaciones, también constitucionales, de proteger la vida y las libertades de los colombianos”.
A renglón seguido, explicó que en este punto hay una particular interpretación de la realidad por parte del ELN, una especie de dos “mundos estancos”: de una parte, el del “fuego”, que asimilan a sus “acciones militares” contra la Fuerza Pública, para ellos legítimas -en la última murieron 9 jóvenes colombianos-, y al que esperarían limitar en la Mesa el cese al fuego; y de otra, el mundo de sus actividades ilegales hostigando a la sociedad, al que nunca se refieren, como si no existiera.
“De hecho, mientras la agenda incluye el “cese del fuego y de hostilidades de carácter bilateral”, tanto en la Mesa como en sus comunicados públicos, el mundo de las hostilidades es totalmente ‘invisibilizado’. En una posición un tanto maniquea, el conflicto parece reducirse a respuestas legítimas a ‘la ofensiva paraestatal’”, anotó.
La guerrilla justifica la violencia
El presidente ejecutivo de Fedegán también hizo referencia al más reciente editorial de la revista “Insurrección” -de esa guerrilla- que tituló “Los diálogos son entre dos partes” y en donde expresó: Estando activa la Mesa y el nuevo proceso de diálogos desde fines del año pasado, las Fuerzas Militares mantienen una ofensiva contra el ELN en distintos territorios, con el agravante que hoy al igual que en el pasado estas siguen apadrinando, promoviendo y actuando de manera conjunta con fuerzas narcoparamilitares.
José Félix Lafaurie afirmó que esa posición del ELN es un anacronismo. En el editorial, ese grupo alzado en armas manifiesta que “Como fuerza contendiente, mientras no haya un cese y se nos siga atacando tenemos el derecho a la defensa y al accionar de respuesta”. En palabras del negociador de paz, con esas expresiones, justifican su violencia contra la Fuerza Pública, su hostigamiento a la sociedad y no mencionan el verdadero “Sistema de sometimiento” económico, social, político y administrativo que les han impuesto a las autoridades locales.
Por otra parte, el alto ejecutivo sostuvo que “las hostilidades” (asesinato, secuestro, extorsión, minería ilegal, narcotráfico, etc.) cometidas por el ELN son actividades ilegales que, por mandato constitucional, deben ser perseguidas por la Fuerza Pública. Sin embargo, esa persecución es calificada por el ELN como ataques a los que tienen derecho a responder, en un infernal círculo vicioso de violencia.
“¿Quién pierde? La gente en los territorios, la gente en las ciudades; ‘la población en su conjunto’ que el Acuerdo de México define como ‘La principal protagonista y beneficiaria de estos acuerdos’”, concluyó.
Puede leer la columna del presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie Rivera, en el siguiente enlace:
https://www.contextoganadero.com/columna/cese-al-fuego-y-de-las-hostilidades-que
