Ante los magistrados del tribunal transicional, el compareciente reconoció ante acuerdos políticos y presupuestales con estructuras del Bloque Norte de las AUC que habrían influido en decisiones del Congreso y campañas en la Costa Caribe. Entre los mencionados figuran Efraín Cepeda, David Char y Armando Benedetti.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió mantener el sometimiento del exsenador Álvaro Antonio Ashton Giraldo, investigado por los delitos de concierto para delinquir y cohecho, tras verificar la relevancia de sus aportes en la audiencia única de verdad plena celebrada en febrero de este año. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas concluyó que su testimonio contribuye al esclarecimiento del fenómeno de la parapolítica en la Costa Caribe.
Ashton confirmó la existencia de alianzas entre dirigentes políticos, empresarios, miembros de la fuerza pública y estructuras del Bloque Norte de las AUC, bajo el mando de Edgar Ignacio Flórez Fierro, alias Don Antonio. Según su relato, dichos pactos facilitaron la cooptación de instituciones públicas, la manipulación de elecciones y el control político en departamentos como Atlántico y Magdalena.
Nombres y pactos de poder
El exsenador mencionó a Efraín Cepeda, David Char, Jaime Cervantes, Jorge Gerlein y Armando Benedetti, entre otros congresistas, como partícipes o beneficiarios de acuerdos presupuestales y electorales vinculados al paramilitarismo. También hizo referencia al exgobernador del Magdalena Trino Luna, al empresario Julio Gerlein Echeverría y al contratista David Name Terán, a quienes señaló como financiadores o mediadores de intereses comunes con las autodefensas.
“Asumimos conscientemente decisiones políticas que fortalecieron esas estructuras. Yo ratifico que fue una decisión deliberada mía”, declaró Ashton ante los magistrados. Añadió que la reforma política de 2003 y la creación de partidos como Colombia Viva, Alas Equipo Colombia y Colombia Democrática respondieron al objetivo de consolidar el poder político de las AUC en el país.
La JEP ordenó remitir copias de las declaraciones a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación, para que se evalúe la posible apertura de investigaciones contra las personas mencionadas. El tribunal resaltó que los aportes del compareciente ayudan a comprender la relación entre poder político, económico y armado, y su incidencia en la desinstitucionalización del Caribe colombiano.
Ashton expresó su arrepentimiento y se comprometió a participar en proyectos restaurativos, de memoria y reparación simbólica para las víctimas del Atlántico y el Magdalena. “Pido perdón a todos los ciudadanos de Barranquilla por haber contribuido a ese daño”, puntualizó.
