Entre las diligencias atrasadas está la entrevista de Victoria Sandino y Martín Sombra, quienes tienen mucho qué responder por estos actos delictivos.
La Procuraduría manifestó su preocupación ante el exagerado retraso de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el caso de reclutamiento de niños por parte de las Farc.
La entidad de control le solicitó a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP que lleve a cabo de manera inmediata las 145 actuaciones procesales que están pendientes hace varios meses, todas ellas relacionadas con reclutamiento y utilización de menores de edad en el conflicto armado.
Mucho retraso
Entre las diligencias atrasadas está la entrevista de Victoria Sandino, exintegrante del secretariado de las FARC, cuya declaración fue convocada inicialmente para el 5 de mayo de 2022, y que no ha finalizado.
También está el testimonio de Elí Mendoza, alias Martín Sombra, que se ordenó desde el 10 de marzo del año pasado, diligencia que se ha aplazado en tres oportunidades sin que se logre realizar.
Se suman a estas actuaciones pendientes, siete versiones voluntarias colectivas con diferentes bloques de este grupo armado, así como 33 entrevistas individuales con excomandantes.
El Ministerio Público indicó que, a pesar de que se han practicado 37 entrevistas escritas a excomandantes de los bloques oriental y sur, ninguna se ha compartido con la Procuraduría ni con las víctimas acreditadas del caso.
No hay diálogos
Christian Leonardo Wolffhügel Gutiérrez, procurador delegado ante la JEP, aseguró que los espacios de diálogo referentes a este caso de reclutamiento de menores disminuyeron sustancialmente; el último de ellos se realizó en septiembre de 2022 lo que deja ver que se está incumpliendo con lo establecido en la normatividad prevista para esta justicia transicional.
“Esta situación desdice del principio de estricta temporalidad, en razón a que, al día de hoy no es claro qué actividades procesales adelantará la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP, lo cual impide materializar la participación potencializada que se espera de las víctimas y de sus representantes”, expresó el funcionario.
