La Sección de Revisión determinó que los procesados cuentan con otros mecanismos judiciales para defenderse y que el trámite avanza con plenas garantías.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) negó la tutela interpuesta por los exintegrantes del último Secretariado de las extintas FARC, quienes buscaban frenar o modificar el proceso que enfrentan por secuestros cometidos durante el conflicto armado. Con esta decisión, el juicio continuará su curso.
La acción, presentada el 24 de julio, pretendía entre otros puntos cambiar las calificaciones jurídicas de los hechos, cuestionar la participación de las víctimas en la formulación de sanciones y exigir una resolución única de conclusiones.
La Sección de Revisión concluyó que aún existen recursos internos en la JEP para debatir posibles ajustes en las calificaciones, como las figuras de esclavitud y toma de rehenes. Recordó que, en caso de inconformidad con la sentencia, procede la apelación ante la Sección de Apelación, que puede revisar el proceso en su totalidad.
El tribunal también descartó un supuesto conflicto de competencias entre salas, al considerar que este argumento no es válido para procesados de las antiguas FARC ni de la Fuerza Pública. Asimismo, calificó como infundadas las críticas sobre el rol de las víctimas, ya que se basan en escenarios hipotéticos.
La JEP subrayó que el procedimiento mantiene un carácter dialógico, lo que permite a los comparecientes defender sus intereses sin acudir de inmediato a instancias contenciosas. Reiteró que, si más adelante surgen vulneraciones concretas a derechos fundamentales, los implicados podrán recurrir a las vías judiciales correspondientes.
Finalmente, el alto tribunal aseguró que ha respetado el debido proceso y la seguridad jurídica, actuando con rigor en cada etapa, en línea con los principios de justicia transicional.
