El tribunal documentó 827 casos y atribuyó a esta estructura el 15% de los secuestros a nivel nacional, destacando el impacto devastador sobre comunidades vulnerables en la región Caribe.
La JEP anunció este miércoles (7-05-2025) la imputación de crímenes de guerra y lesa humanidad contra Abelardo Caicedo, Osmany Landero, Gilberto de Jesús Giraldo, Luis Cuadras y Uriel Oviedo, quienes ocuparon cargos de mando en el Bloque Caribe de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP).
Según el organismo de justicia transicional, estos excomandantes son responsables de una política sistemática de secuestros que afectó principalmente a personas de bajos recursos en departamentos como Magdalena, Cesar, La Guajira, Sucre, Bolívar y Barranquilla.
La investigación de la JEP reveló que el Bloque Caribe fue responsable de aproximadamente el 15% de los secuestros registrados a nivel nacional durante el conflicto armado. En total, se documentaron 827 casos, incluyendo episodios de alto perfil como el secuestro y asesinato de la exministra de Cultura Consuelo Araújo en 2001 y el prolongado cautiverio del exministro Fernando Araújo, quien permaneció seis años en manos de la guerrilla.
El tribunal destacó en un extenso hilo en su cuenta en X que los secuestros, incluidas las denominadas “pescas milagrosas”, tenían como propósito principal la financiación de la organización, el control de territorios estratégicos y la presión al Estado para el intercambio de prisioneros. Se estima que el Bloque Caribe generaba cerca de dos millones de dólares anuales mediante secuestros y extorsión, afectando especialmente a ganaderos y comerciantes de la región.
En ese sentido, explico que, por ejemplo, la familia Lacouture, sufrió 14 secuestros, seis de ellos atribuidos a las Farc-EP. Además de la privación de la libertad, la JEP documentó crímenes conexos como homicidio, tortura, desaparición forzada y violencia sexual. “Las víctimas fueron sometidas a condiciones inhumanas, agravando su sufrimiento y el de sus familias”, señaló el tribunal en su comunicado oficial.
Los excomandantes imputados, quienes se acogieron al Acuerdo de Paz de 2016, han pedido perdón públicamente por los hechos.
