Según la Procuraduría, el Ministerio para la Igualdad y Equidad presenta una ineficiencia administrativa y falta de responsabilidad en la protección de los derechos de una población particularmente vulnerable como lo son los adultos mayores.
En un contexto en el que el compromiso con los derechos y la equidad social han sido una promesa del gobierno de Gustavo Petro, el reciente pronunciamiento de la Procuraduría revela una preocupante inacción por parte del Ministerio para la Igualdad y Equidad, dirigido por Francia Márquez Mina. La solicitud reiterada del ente de control para la formulación del plan de acción intersectorial, estipulado en el decreto 681 de 2022, refleja una alarmante falta de cumplimiento con las obligaciones establecidas por la Ley 2281 de 2021. Esta situación no solo pone de manifiesto una ineficiencia administrativa, sino que también denota una falta de responsabilidad en la protección de los derechos de una población particularmente vulnerable como lo son los adultos mayores.
De acuerdo con la Procuraduría, la tardanza de 21 meses en la implementación de medidas cruciales no puede ser justificada por ninguna razón. Esta omisión no solo contraviene los mandatos constitucionales y legales, sino que también compromete el bienestar de los adultos mayores, quienes están bajo la especial protección del Artículo 46 de la Constitución Política. La inacción en la formulación del plan de acción intersectorial refleja un desdén preocupante hacia las políticas públicas que deberían proteger y promover los derechos de este grupo poblacional.
El incumplimiento persistente de los deberes ministeriales no es solo un fracaso administrativo, sino un desaire a los principios de igualdad y no discriminación. El llamado de la Procuraduría para que se adopten medidas concretas y se avance en la formulación de la política pública nacional es un paso crucial hacia la corrección de esta falta de acción. La formulación y puesta en marcha del plan de acción deben ser priorizadas con urgencia para evitar que la inercia burocrática siga afectando negativamente a los adultos mayores en el país.
La situación actual subraya una deficiencia seria en la gestión y cumplimiento de las normativas relacionadas con la igualdad y la equidad.
La Procuraduría sostuvo que el Ministerio para la Igualdad y Equidad debe responder de manera efectiva y expedita para remediar esta situación, garantizando que los derechos de los adultos mayores no continúen siendo desatendidos.
