Las restricciones impuestas al expresidente por el Supremo Tribunal Federal han reconfigurado el panorama político en Brasil. Mientras la justicia avanza en su contra por intento de golpe, Donald Trump impone sanciones económicas, generando una tormenta diplomática sin precedentes entre Brasil y Estados Unidos.
Jair Bolsonaro enfrenta uno de los momentos más críticos desde que dejó la presidencia de Brasil. El Supremo Tribunal Federal (STF), en el marco del caso “Operação Contragolpe”, lo acusa de haber instigado un intento de golpe de Estado tras su derrota electoral en 2022.
Como medida cautelar, el juez Alexandre de Moraes le impuso el uso de tobillera electrónica, arresto domiciliario nocturno y fines de semana, prohibición de uso de redes sociales, y veto absoluto a cualquier contacto con embajadas o representantes internacionales.
La Corte teme que Bolsonaro obstruya el proceso judicial o intente huir, aunque él ha negado tener intenciones de salir del país. Para el STF, los hechos probados hasta ahora indican que el expresidente no solo promovió discursos antidemocráticos, sino que estructuró redes de desinformación, alianzas con militares activos y estrategias para invalidar los resultados electorales.
El caso ha implicado también a su hijo, Eduardo Bolsonaro, quien se trasladó a Estados Unidos a comienzos de 2025. Desde allí, ha emprendido una campaña internacional para denunciar lo que considera una persecución judicial contra su familia. Contra este, el STF ordenó el congelamiento de sus bienes, lo acusó de conspirar para interferir en la justicia brasileña y advirtió que su estadía en EE. UU. forma parte de un intento deliberado de presión externa.
Un conflicto judicial que escala a las relaciones exteriores
La situación se ha convertido en un foco de tensión diplomática. El presidente estadounidense Donald Trump anunció aranceles del 50 % a las exportaciones brasileñas, como represalia por lo que considera una “caza de brujas” contra su aliado ideológico. “Brasil debe dejar de atacar a Jair Bolsonaro o enfrentará las consecuencias económicas”, advirtió el mandatario republicano.
Desde Brasilia, la respuesta del presidente Lula da Silva fue categórica: denunció un “chantaje inaceptable” y defendió la independencia de la justicia brasileña. Por su parte, el magistrado Moraes afirmó que Bolsonaro “ha incitado actos hostiles desde el exterior” para interferir en su juicio, y acusó a padre e hijo de querer “someter el funcionamiento de la Corte Suprema a intereses de Washington”.
En un giro aún más complejo, el gobierno de EE. UU. revocó las visas de Moraes y otros seis magistrados brasileños, profundizando la crisis. Entre tanto, Bolsonaro permanece en Brasil, pero políticamente acorralado y con sus canales de comunicación restringidos. Su figura, sin embargo, sigue generando polarización, tanto dentro como fuera del país.
