Tras una revisión, se detectaron inconsistencias en más de la mitad de los desembolsos, pagos a personas sin derecho, modificaciones jurídicas sin sustento y entrega de bases de datos a terceros. La entidad afirma que busca proteger al magisterio y garantizar el uso transparente de los recursos públicos.
El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) denunció ante la Fiscalía General de la Nación presuntas irregularidades en los pagos de la prima de mitad de año, luego de una revisión técnica y jurídica adelantada desde noviembre de 2025. La auditoría detectó que más de la mitad de los desembolsos analizados presentaban inconsistencias que podrían comprometer la sostenibilidad del sistema prestacional docente.
Uno de los hallazgos más sensibles se relaciona con pagos realizados sin respaldo legal. El informe precisó que “4.405 pagos fueron realizados a personas que ya contaban con sentencia judicial ejecutoriada que negaba el derecho, por un valor que supera los $83.082 millones”, situación que genera un riesgo directo de detrimento patrimonial.
La revisión también identificó beneficiarios que no cumplían los requisitos legales para acceder a la prima. En el documento se señala que “se identificaron pagos a personas con pensión gracia o doble pensión; vinculadas por fuera del rango legal; o con mesadas que superaban los topes permitidos”, lo que revela fallas en los filtros de verificación.
Otro punto crítico fue la integridad de la información administrada por el Fondo. El boletín detalló que “fue objeto de análisis la entrega, en septiembre de 2025, de una base de datos con información de más de 9.000 docentes a un abogado particular sin autorización”, situación que a juicio de los auditores facilitó la promoción fraudulenta de demandas.
El análisis jurídico también detectó un cambio interpretativo interno sin sustento normativo. En el documento se advierte que “el 15 de agosto de 2025 se emitió un concepto que modificó la interpretación de la entidad sobre esta prima sin existir reforma legal ni sentencia de unificación”, variación que podría haber inducido a errores administrativos.
La administración del Fondo recalcó que la denuncia no busca perjudicar al magisterio, sino protegerlo. El vicepresidente Herman Bayona Abello afirmó que “el magisterio debe tener plena tranquilidad de que esta actuación no es contra sus derechos, sino para evitar perjuicios económicos y garantizar total transparencia en el manejo de recursos”.
Finalmente, el Fomag sostuvo que continuará fortaleciendo sus controles, revisando los procesos internos y colaborando con las autoridades para determinar si existieron conductas punibles o responsabilidades disciplinarias dentro del sistema prestacional docente.
