Gustavo Alejandro Gallego Hernández fue nombrado en el cargo, de manera irregular, durante la administración de Daniel Quintero en Medellín.
Debido a las denuncias presentadas por Simón Molina, secretario privado del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra Gustavo Alejandro Gallego Hernández, vicepresidente de Auditoría Corporativa del Grupo EPM, por presuntas irregularidades en su nombramiento. Según el informe entregado por Molina, Gallego Hernández no cumpliría con los requisitos establecidos para ocupar la dirección de Auditoría Corporativa. Para el cargo se exige un título profesional, una maestría y 52 meses (4,3 años) de experiencia profesional en control; o, en caso de poseer solo una especialización, se requiere una experiencia de 64 meses (5,3 años). Gallego, quien fue nombrado en diciembre de 2021 durante la gerencia de Jorge Andrés Carrillo y la administración de Daniel Quintero Calle, presentó un título de abogado, dos especializaciones y una maestría en campos relacionados con la abogacía.
Desde el inicio, el nombramiento de Gallego Hernández fue objeto de controversia tanto en medios de comunicación como dentro del sindicato de EPM, Sinpro. Las críticas se centraron en la falta de experiencia específica en control y auditoría de Gallego, así como en su vínculo con el exalcalde Daniel Quintero, con quien mantenía una relación personal. Gallego había desempeñado anteriormente cargos en Emvarias y en diversos roles como personero delegado, contralor auxiliar de Medellín y contratista del MinTIC, cuando Quintero era viceministro. Sin embargo, Molina argumentó que las funciones desempeñadas en estos cargos no estaban directamente relacionadas con control, lo que contradice los requisitos para el puesto en EPM.
El informe destaca que la experiencia acumulada por Gallego en control y auditoría durante su paso por Emvarias, la Contraloría y la Personería fue de 48,43 meses, un período menor a los 52 meses requeridos para candidatos con maestría. Este hallazgo llevó a la Procuraduría a abrir una investigación disciplinaria, que deberá concluir en un plazo de seis meses.
La investigación también pone en el foco también al exgerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, cuyo nombramiento como presidente de ISA ha sido cuestionado debido a los recientes escándalos durante su gestión en EPM, incluyendo la caída de Afinia y el polémico contrato de cargue lateral en Hidroituango. A pesar de las críticas, Carrillo fue designado para ese importante cargo el pasado 15 de agosto gracias al respaldo del presidente Gustavo Petro.
