Este caso se suma a otros procesos de control y vigilancia que buscan garantizar la transparencia en el manejo de recursos públicos dentro de la Ungrd bajo el gobierno de Gustavo Petro.
La Procuraduría inició una investigación disciplinaria contra Ana María Castaño Álvarez, quien era secretaria general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), por un contrato de suministro cercano a los 10 mil millones de pesos.
Los hechos cuestionados están relacionados con un contrato bilateral celebrado por la Ungrd para la adquisición de kits de uniformes. Estos kits incluían prendas como gorras, chalecos y camibusos tipo polo destinados a los 6.633 funcionarios, contratistas y colaboradores de la entidad a nivel nacional.
Según información divulgada por un medio de comunicación, en los pliegos de condiciones se especificó que “cada kit tendrá un costo de $1’507.533 pesos por persona, lo que demandará una inversión total de $9.999.466.389 pesos”.
La Procuraduría solicitó la documentación relacionada con las etapas precontractual y contractual del proceso. Esto incluye las propuestas presentadas por los oferentes y las evaluaciones realizadas, con el fin de establecer si hubo sobrecostos en esta contratación.
El Ministerio Público adelanta la investigación con el objetivo de verificar si se presentó una conducta irregular, determinar si esta constituye una falta disciplinaria o si, por el contrario, se actuó dentro de una causal de exclusión de responsabilidad.
Este caso se suma a otros procesos de control y vigilancia que buscan garantizar la transparencia en el manejo de recursos públicos dentro de la Ungrd.
