La Procuraduría General de la Nación tiene indicios de la presunta omisión en la presentación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses. Este trámite, obligatorio para la posesión y ejercicio del cargo, busca garantizar la transparencia y el control ciudadano sobre los funcionarios públicos, conforme a la legislación vigente.
A través de un boletín de prensa, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué anunció la apertura de una investigación disciplinaria en contra del alcalde de Alvarado, Henry Julián Ramírez Álvarez, por supuestamente incumplir con la obligación legal de presentar la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses, requisito fundamental para asumir y ejercer el cargo durante el periodo 2024-2027.
De acuerdo con la información oficial, la ley exige a los servidores públicos de altos cargos, así como a contratistas y otros sujetos obligados, hacer pública la información sobre sus bienes e intereses, además de registrar posibles conflictos en plataformas dispuestas por el Estado.
Esta medida, según la nota de prensa, tiene como objetivo garantizar la transparencia, la integridad y el control social, permitiendo a la ciudadanía ya los entes de control acceder a datos relevantes sobre quienes administran recursos y toman decisiones públicas.
Los elementos materiales probatorios obrante en la investigación, recopilados por la Procuraduría, develarían la actuación presuntamente negligente de Ramírez Álvarez. La omisión de este deber podría constituir una falta disciplinaria, sancionable según la normatividad vigente.
En consecuencia, el ente de control ordenó la práctica de pruebas necesarias para aclarar los hechos y determinar si hubo incumplimiento de las obligaciones legales.
