El estratega de seguridad de Fedegán advierte, luego de la nueva ocupación ilegal en Codazzi, que las personas que lideran estas iniciativas refinan cada vez más sus estrategias para perpetuarse en los predios. Rechazó de plano las insinuaciones sobre el uso de la fuerza y armamento en este caso por parte de los ganaderos.
La inseguridad en el campo sigue siendo un problema que afecta de manera directa el patrimonio de los productores ganaderos, sus familias y empresas. A través de sus redes sociales, la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) denunció la invasión de una hacienda ubicada en zona rural de Codazzi, Cesar.
El mensaje publicado hacía referencia a la hacienda Las Carmelas, ocupada ilegalmente el pasado sábado 29 de marzo de 2025 por un grupo de aproximadamente 80 personas. Tras intensos diálogos entre los ocupantes, las autoridades locales y representantes del sector ganadero, el predio fue recuperado pacíficamente el domingo 30 de marzo.
Los invasores se identificaron como campesinos sin tierra y solicitaron una mesa de diálogo para exponer sus demandas. Este hecho, inusual, se produce en un contexto marcado por el aumento de ocupaciones ilegales en todas las regiones del país.
En el departamento del Cesar, como lo hemos informado en este medio, las invasiones han sido recurrentes. A principios de marzo, el Centro de Investigación La Motilonia, adscrito a Agrosavia, también fue ocupado por 50 familias, que parcelaron el terreno antes de ser desalojadas por las autoridades.
De acuerdo con Fedegán, estas acciones, que pueden sostenerse en el tiempo hasta convertirse en verdaderos barrios subnormales, no solo afectan el derecho a la propiedad privada, sino también la producción agrícola y ganadera, fundamentales para la economía regional.
Frentes Solidarios e institucionalidad siguen dando resultados
Fernando Murillo Orrego, estratega de seguridad de Fedegán, destacó nuevamente la importancia de la coordinación institucional y la solidaridad entre los afectados para hacer frente a este fenómeno persistente en todas las regiones del país.
Sobre este caso en concreto, el segundo en menos de un mes en la población, el general en uso de buen retiro enfatizó que las acciones contra estas ocupaciones ilegales han seguido estrictos protocolos de respeto a los derechos humanos y la normatividad vigente.
“La hacienda pudo recuperarse pacíficamente gracias a la activación oportuna de la institucionalidad a través de la denuncia. Jugó un papel preponderante el liderazgo del alcalde, quien supo coordinar las acciones de su equipo de trabajo. Hay que valorar el ejercicio continuo de la Fuerza Pública en esa zona, que sabemos cuenta con recursos limitados, así como el acompañamiento efectivo de la Fiscalía, la Personería y la Defensoría del Pueblo para garantizar los derechos tanto de los invasores como de los propietarios”, comentó Murillo.
El estratega de seguridad también destacó que el acompañamiento a las negociaciones y el posterior desalojo no congregó únicamente a ganaderos, sino que también contó con la presencia de empresarios de diversos sectores de la agroindustria, quienes hicieron graves denuncias.
“La presencia solidaria ya no es solo de los ganaderos, sino también de los campesinos de la región, quienes no entienden cómo llegan individuos que nadie conoce y que, bajo la bandera de la pobreza y la necesidad, alegan ser dueños de la tierra y se apoderan sin más de un predio rural privado”, expresó el oficial retirado.
Según Murillo, detrás de estas acciones casi siempre hay estructuras delincuenciales bien organizadas y conocedoras al detalle de los procedimientos policivos y judiciales, lo que les permite adelantarse a las autoridades y aprovechar los términos legales.
Además, alertó sobre la existencia de falsos líderes sociales que crean ONG para dar apariencia de legalidad a estas invasiones y estafar a ciudadanos ingenuos, a quienes les estarían exigiendo dinero y participación en estas acciones, tipificadas como delito en el Código Penal.
Finalmente, el estratega desmintió un video en el que uno de los invasores de la hacienda Las Carmelas aseguraba que, durante la ocupación ilegal, los empresarios del campo pudieron haberse extralimitado.
“No existe un solo caso, en los 56 que han manejado desde el año pasado los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz, en el que se haya presentado violencia o uso legítimo de la fuerza. Todo se resuelve mediante el diálogo. Los videos que estos individuos publican desinformando y haciéndose pasar por víctimas son una evidencia más para los procesos judiciales que se deben desarrollar en el marco constitucional. Todas las personas tienen derecho a la seguridad, a la movilidad, al desarrollo personal y a la propiedad”, puntualizó Murillo.
