Como si no le importara la institucionalidad, el recién suspendido canciller, Álvaro Leyva Durán, no ha tomado en serio la sanción del Ministerio Público y sigue en funciones con normalidad.
Pese a que el pasado 24 de enero la Procuraduría suspendió de su cargo al canciller Álvaro Leyva Durán, el funcionario sigue ejerciendo el cargo y tomando decisiones sin ningún tipo de restricciones. La denuncia fue hecha por el periodista Melquisedec Torres a través de su cuenta en la red social X.
“Atención. Desde el miércoles 24 de enero, hace ya 5 días, fue notificado @petrogustavo de la suspensión inmediata del Canciller @AlvaroLeyva Y Leyva sigue despachando como si nada”, escribió el comunicador y columnista.
Rechazo general
La publicación ha generado un sinnúmero de reacciones de rechazo por parte de la ciudadanía, como es el caso del abogado Alexánder Tarazona de la Hoz quien sugirió que hacer caso omiso a una decisión del Ministerio Público es calificado como fraude a resolución judicial.
“Lo que viene haciendo el canciller suspendido podría configurar un fraude a resolución judicial. La suspensión surte efectos inmediatos, independientemente de que surta el grado de consulta”.
Entre tanto, el director del Movimiento de Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez, coincide con muchos colombianos que aseguran que el gobierno de Gustavo Petro y la izquierda son irrespetuosos de la ley y la institucionalidad. “Lo de ellos es el incumplimiento sistemático de la ley”.
“Ya sabemos que al presidente solo le gusta la institucionalidad cuando le conviene”, publicó el usuario de X, Juan Eduardo Puyana.
Suspendido
El pasado 24 de enero la Procuraduría decidió llamar a juicio disciplinario y suspender provisionalmente por tres meses al ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, en medio de investigaciones sobre posibles irregularidades en el proceso de licitación de pasaportes.
La Sala Disciplinaria de Instrucción sostuvo que el canciller podría haber incurrido en dos faltas disciplinarias gravísimas a título de dolo.
En primer lugar, se le acusa de declarar desierta la licitación 001 de 2023 sin contar con fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, lo que podría haber violado los principios de contratación estatal. En segundo lugar, se señala que Leyva Durán decretó la urgencia manifiesta durante el trámite contractual sin que, aparentemente, existieran causales para tal determinación.
