La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes avanza en el análisis del caso presentado por el concejal Alejandro De Bedout, quien cuestiona la legalidad del acto organizado en Medellín bajo el nombre de “Un pacto por la paz urbana”.
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes admitió formalmente la denuncia interpuesta contra el presidente Gustavo Petro por el concejal de Medellín Alejandro De Bedout. El proceso, radicado bajo el expediente 6992, cuestiona la legalidad del evento “Un pacto por la paz urbana”, realizado el pasado 21 de junio en la plazoleta de La Alpujarra, donde el mandatario encabezó un acto público junto a miembros del gobierno, personas condenadas por delitos graves y figuras del movimiento político “Independientes”.
Según el documento emitido por la Secretaría de la Comisión, la investigación fue asignada mediante Resolución No. 456 del 26 de junio de 2025 y será adelantada por los representantes Carlos Cuenca Chaux, Wilmer Carrillo Mendoza y Wadith Manzur Imbett, con Cuenca como coordinador del grupo investigador.
De Bedout, quien presentó la denuncia un día después del evento, sostiene que el presidente incurrió en participación indebida en política, utilizó recursos públicos con fines proselitistas y hostigó a autoridades locales de Medellín. En su cuenta en la red social X, el concejal confirmó la notificación de la admisión del proceso y reiteró sus señalamientos sobre el carácter político del acto.
“Confiamos en que esta investigación se desarrolle con todas las garantías, de cara al país, respetando el debido proceso y la Constitución. Nadie puede usar el poder para favorecer campañas, acosar opositores o desfigurar las instituciones. El poder no puede ser usado como arma política. Esperamos que los investigadores estén a la altura. La ley es para todos, incluso para quien hoy habita la Casa de Nariño”.
Uno de los aspectos que sustenta la denuncia es la visibilidad del presidente en un evento financiado con recursos del Estado, al que también asistió el exalcalde de Medellín y precandidato presidencial Daniel Quintero. Asimismo, se cuestionan las alusiones de Petro al actual alcalde, Federico Gutiérrez, en relación con un proceso judicial que involucra a Quintero.
Otro punto clave es el uso de símbolos, banderas y distintivos del movimiento “Independientes”, organización sin personería jurídica vigente. Para el concejal, esta situación refuerza la naturaleza propagandística del evento.
La denuncia incluye solicitudes a entidades como el Departamento Administrativo de la Presidencia, los ministerios del Interior y de Justicia, el Inpec y el Consejo Nacional Electoral. Se busca esclarecer detalles logísticos y administrativos del acto, así como obtener un concepto jurídico sobre la legalidad del uso de emblemas de una colectividad sin reconocimiento oficial.
Finalmente, el documento señala una posible vulneración al artículo 108 de la Constitución, que regula la participación de movimientos políticos en actos oficiales y el uso de propaganda electoral por organizaciones sin personería jurídica.
