Las personas privadas de la libertad no cuentan con acceso servicios básicos y permanecen en situación de hacinamiento.
La Procuraduría identificó el estado degradante e inhumano en el que se encuentran los centros reclusorios de la ciudad de Bogotá.
El ente de control realizó visitas a ocho estaciones de Policía, tres Unidades de Reacción Inmediata (URI) y el Instituto Penitenciario y Carcelario de la Picota para verificar las condiciones mínimas de infraestructura, acceso a servicios básicos (salud, alimentación y agua potable) y trato digno para las personas privadas de la libertad.
Durante las inspecciones la Procuraduría encontró que la mayoría de los detenidos duermen en lugares improvisados con colchonetas, hamacas u otros artículos; además, no hay baterías sanitarias suficientes para la totalidad de las personas recluidas en estos lugares.
Las irregularidades también se presentan en el servicio de alimentación, no solo porque es entregado en cantidades insuficientes, sino que, además, representan un riesgo a la salud de detenidos como quiera que se comprobó que algunos alimentos son entregados en estado de descomposición.
Salud precaria
También se constató que el acceso al sistema de salud es precario e insuficiente para los reclusos, no hay acceso a los medicamentos ni a los tratamientos, esto se suma a las condiciones insalubres en las que están a diario, por lo que algunas de las enfermedades que sufren, como tuberculosis y leptospirosis, son contraídas en estos sitios.
Finalmente, el organismo de control confirmó una importante falta de acompañamiento y capacitación a los guardas de los reclusos, que están en exposición diaria a ataques, enfermedades, desgaste físico y psicológico; además, están asumiendo responsabilidades ajenas a lo establecido por la ley como suministrar medicamentos y asegurar el acceso a audiencias.
Inspecciones
El Ministerio Público escogió los establecimientos con el mayor número de quejas recibidas, por lo que se realizó una verificación en las estaciones de Usaquén, la Candelaria, Kennedy, San Cristóbal, Engativá, Suba, Mártires, Rafael Uribe Uribe y las URI de Usaquén, Puente Aranda y Paloquemao.
De esta manera, la entidad constató la capacidad y el porcentaje de hacinamiento, el estado de la infraestructura y el acceso a los servicios de la salud, agua, alimentación y algunos otros aspectos relevantes.
La Procuraduría corroboró los siguientes porcentajes de hacinamiento por establecimiento:
