A pesar de las promesas de cambio y de protección a los líderes sociales durante la campaña presidencial de Gustavo Petro, su gobierno no ha logrado frenar la violencia contra esta población.
La reciente publicación de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha puesto nuevamente en evidencia la alarmante violencia contra los líderes sociales en Colombia, destacando que, en lo que va del 2024, se han registrado 186 denuncias por el asesinato de defensores de derechos humanos. De estas, 80 muertes fueron confirmadas como consecuencia directa de su labor social. Sin embargo, lo que resulta más preocupante es que, a pesar de las promesas de cambio y de protección a los líderes sociales durante la campaña presidencial de Gustavo Petro, su gobierno no ha logrado frenar esta tendencia de violencia, lo que deja en evidencia una dramática incoherencia con las críticas que Petro dirigió en el pasado hacia los gobiernos anteriores, especialmente el de Iván Duque.
En sus intervenciones como candidato, Petro acusaba a la administración de Duque de ser incapaz de proteger a los líderes sociales y de ignorar su rol fundamental en la construcción de paz. Sin embargo, ya como presidente, los informes y las estadísticas de derechos humanos no reflejan un cambio sustancial en la situación de riesgo que enfrentan estos líderes. Según el informe de la ONU, en 95 de los casos analizados, no se pudo confirmar que el homicidio estuviera vinculado a la actividad social de las víctimas, y en otros 25 casos se descartó cualquier relación con su labor comunitaria. A pesar de estas cifras, la violencia sigue en aumento, especialmente contra líderes de comunidades indígenas y campesinas, que siguen siendo los más vulnerables.
Cauca, Arauca y Valle del Cauca son los departamentos más golpeados, con el Cauca registrando 17 asesinatos de defensores de derechos humanos este año. Además, Tame, en Arauca, se mantiene como el municipio con el mayor número de asesinatos de líderes sociales, con siete casos confirmados. El informe de la ONU también revela que, entre los asesinados, al menos 19 eran indígenas y 37 campesinos, sectores históricamente marginados y amenazados por el conflicto armado y el narcotráfico.
Este panorama contrasta con las declaraciones previas del presidente Petro, quien, durante su campaña, prometió implementar políticas efectivas para frenar la violencia contra los líderes sociales. El compromiso de su gobierno con la defensa de los derechos humanos se ha visto cuestionado por muchos observadores, que aseguran que, a pesar de los discursos, las acciones concretas han sido insuficientes para abordar la crisis de seguridad que enfrentan estos defensores.
El informe de la ONU también destaca que los principales objetivos de los homicidios son los líderes de las Juntas de Acción Comunal (24 % de los crímenes) y los defensores de los derechos de los campesinos (16 %). A pesar de los esfuerzos y las declaraciones oficiales, el gobierno de Petro aún no ha logrado garantizar la seguridad de estos sectores tan vulnerables, lo que genera una creciente preocupación sobre la efectividad de sus políticas en este ámbito.
El llamado a la acción de la comunidad internacional y la sociedad colombiana es claro: el presidente Petro debe poner en marcha medidas urgentes y eficaces para proteger a los líderes sociales y garantizar que su asesinato no quede impune, como ha ocurrido en tantos casos en el pasado. La inacción frente a esta crisis de derechos humanos es una deuda pendiente del actual gobierno, que no puede seguir ignorando la violencia que sigue cobrando vidas en el país.
