Los hechos ocurrieron en las veredas Nuevo Carbonero y Vilachi del resguardo de Canoas. En la primera de estas, una menor de 15 años fue ultimada junto con sus padres mientras dormían. Las alertas de la Defensoría del Pueblo no son atendidas oportunamente.
A través de una publicación en su cuenta en la red social X, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), confirmó que la madrugada de este 22 de diciembre se presentó la masacre número 93 del año 2023.
Sobre ese mismo hecho, la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca, a través de la plataforma Tejido Defensa de la Vida y los Derechos Humanos, informó a través de un boletín de prensa que cinco personas fueron asesinadas a tiros en el resguardo de Canoas, en zona rural del municipio de Santander de Quilichao, ubicado al norte del departamento del Cauca.
“Alrededor de las 4:00 a. m. de este viernes 22 de diciembre, hombres armados llegaron a la residencia del docente de la Institución Educativa Las Aves, Jhon Freiman Ramos Ocaña, en la parcelación Nuevo Carbonero del resguardo de Canoas, a pocos minutos del casco urbano de Santander de Quilichao. En el lugar asesinaron al profesor, a su esposa Yisel Menza y a su hija de 15 años Jelen Charyt Ramos Menza. Los hombres armados huyeron con rumbo desconocido”, relata la nota de prensa sobre el primer hecho.
Respecto de la segunda incursión ocurrida en la vereda Vilachi del mismo resguardo, comentan que también fueron asesinados con armas de fuego Davison Fernández Ramos y Jesús David Labio Ramos, quienes se desempeñaban como comuneros. Igualmente, que los hechos están siendo materia de investigación por parte de las autoridades.
Desde la comunidad indígena rechazaron este nuevo hecho sangriento. “Estas graves desarmonías territoriales siguen incrementando en los territorios indígenas de todo el departamento del Cauca. Esta masacre se suma a los dos dobles homicidios ocurridos en Corinto y Caloto en lo corrido de la semana. El derramamiento de sangre y la crisis humanitaria continúan profundizándose en cada territorio”, se lee en la nota.
Finalmente, desde Indepaz destacan la labor del Ministerio Público al advertir las situaciones de riesgo que se presentan en los territorios, sin embargo, no son suficientes para garantizar la vida de los defensores de derechos humanos y excombatientes, dos de los sectores más violentados por los grupos armados ilegales.
“La Defensoría del Pueblo ha emitido las AT 019/22 y la 036/23 donde se evidencia que el escenario de riesgo se debe a la potencial ocurrencia de graves afectaciones a la población civil y bienes de naturaleza civil, debido a eventuales acciones bélicas del Frente Jaime Martínez y del Frente Dagoberto Ramos, facciones disidentes de las antiguas FARC-EP”, puntualiza el informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz.
