Un amplio sector de la opinión y la cosa pública ha rechazado de plano las palabras del congresista, quien parece desconocer las líneas que separan lo legal de lo ilegal, dejando en evidencia que para ellos es válida cualquier estrategia y ayuda con el fin de mantenerse en el poder.
Desde su llegada al Congreso en la lista del Pacto Histórico, el senador Wilson Arias ha figurado en los medios de comunicación, no precisamente por la claridad con la que expone sus ideas en los debates de plenaria y comisión, sino por todo lo contrario: su errado comportamiento.
La primera de esas acciones comprometedoras no solo desde su condición de senador, sino también de ciudadano, tiene que ver con las falsas acusaciones hechas en contra de un grupo de policías que trataba de contener la arremetida violenta de los jóvenes de la primera línea en Cali.
Sale de una, para meterse en otra
De hecho, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Arias por considerar que los videos donde acusaba a los uniformados de cometer varios delitos, entre ellos el de tortura, carecían de sustento fáctico, por lo que calificó la falta como grave y a título de dolo, es decir, las expresiones estaban orientadas a causar daño en la reputación de los policías.
También, su nombre apareció mencionado en el escándalo de Daily Cop, pues, figura como receptor de dinero aportado por la Sociedad Aérea de Ibagué, empresa que no solo tenía intereses directos en varios de los proyectos reformistas del gobierno, sino que también, está involucrada en temas de narcotráfico y lavado de activos.
Más recientemente, se vio involucrado en una discusión con la líder de la oposición y precandidata presidencial, María Fernanda Cabal por cuenta de las cifras de producción de hoja de coca y cocaína.
Según Wilson Arias, acérrimo defensor del gobierno de Gustavo Petro, no existe relación entre las altas cifras de incautación de cocaína de la que alardean, y los débiles programas de erradicación que han permitido el aumento exponencial de las hectáreas sembradas con coca.
Instigando a la insurgencia
Todo lo dicho hasta aquí parecen pilatunas de un niño malcriado, comparadas con el más reciente escándalo en el que se encuentra metido ahora. En medio de un acto político en Cali, Arias pronunció un discurso que ha sido catalogado por muchos como una instigación al terrorismo y una solicitud concreta a grupos armados ilegales para salir a las calles de la mano con el gobierno, tal como demostró el Tribunal Superior de Bogotá, lo hicieron las disidencias de las Farc con miembros de la primera línea en el mal llamado ‘estallido social’.
“Quiero hacerle un llamado al Estado Mayor Central (disidencias de las Farc), al ELN, a las distintas denominaciones alzadas en armas en Colombia y hacerles notar lo siguiente: nuestro Gobierno está siendo perseguido por buscar la justicia social que siempre ha acompañado las banderas de la paz en Colombia”, se le oye decir al senador por el Pacto Histórico en un video que él mismo compartió en su cuenta en X en donde hay una pancarta de la CUT.
En tono con lo anterior, reclama por qué se están adelantando acciones terroristas en varias zonas del país, lo que a su juicio, es el deseo del empresariado colombiano, al cual representan malévolamente varios de los más connotados y adinerados a quienes acusan de obstruir el avance de las políticas públicas de Gustavo Petro.
“La movilización colombiana por primera vez encuentra un gobierno dispuesto a sacarla adelante y es objeto de persecución pública. Mi pregunta respetuosa pero suficiente a la denominada insurgencia colombiana es la siguiente: ¿no les parece muy extraño hoy coincidir en una ofensiva militar contra el gobierno y seguramente verse aplaudidos por Luis Carlos Sarmiento Angulo que también persigue este gobierno? Le preguntó públicamente a la insurgencia colombiana, si es un acto revolucionario o de liberación nacional emprenderla contra un gobierno que procura la paz con justicia social”, remata el congresista del Pacto Histórico su intervención en el evento.
‘Buscan una Guerra Civil’
Dada la difícil realidad política del país, las reacciones a declaraciones de este talante, proferidas por un senador de la República, no se hicieron esperar, ya que un amplio sector de la opinión y la cosa pública considera que este tipo de discursos está fuera de orden.
Una de las primeras en reaccionar, fue María Fernanda Cabal, quien ha tenido en distintos momentos fuertes discusiones con Arias. Esta vez, la líder de la oposición le trasladó al congresista de izquierda una serie de interrogantes a partir del video en comento.
“¿A quién le hace el llamado? ¿Al estado mayor central (FARC), al ELN y a otros alzados en armas? ¿Qué pretende al hablarle a la insurgencia?”, cuestionó María Fernanda Cabal a través de la red social X.
Otro de los que comentó del tema, fue el senador por el Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, quien insinuó que dadas estas invitaciones, no hay duda de que institucionalidad e insurgencia caminan de la mano.
“ATENCIÓN: la confesión del senador petrista que confirma que el gobierno de Petro es el de las FARC, ELN, Clan del Golfo y demás organizaciones alzadas en armas (sic)”, trinó Uribe Turbay.
También terció en la polémica el exministro de Salud y Educación, Alejandro Gaviria, quien a pesar de haber estado dentro del gabinete de Petro, ha mantenido, incluso estando dentro del gobierno, una posición crítica a los modos y las formas de gobernar. Según el exalto funcionario, lo dicho por Arias es un claro llamado a la insurrección.
“Esto me parece muy grave. Es un llamado a que las organizaciones armadas respalden al gobierno en sus fines políticos. No bastó con el discurso populista de división. Vienen ahora las amenazas armadas y las insinuaciones de guerra civil”, escribió Gaviria en X.
Finalmente, es importante anotar, que en varias ocasiones este tipo de declaraciones buscan distraer a la opinión pública de temas complejos y que dejan al descubierto las contradicciones del gobierno y sus defensores, como el sonado caso del desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, que supera por tres el dinero perdido en el contrato con Centros Poblados.
