Parece que está en riego la ejecución de los recursos del presente año; expertos dicen que lo sucedido es causal de demandas.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha generado inquietudes al no separar del decreto de liquidación del Presupuesto el anexo del gasto, como lo estipula el Estatuto Orgánico de Presupuesto. Además, no se discriminaron los recursos de inversión para cuatro sectores, lo que implica una omisión contraria a la ley.
Aproximadamente 11 billones de pesos se disfrazaron como partidas globales en el decreto de liquidación y luego fueron detallados para ser asignados y autorizados por el Ejecutivo en inversiones a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Instituto Nacional de Vías (Invías), programas de transporte masivo en capitales, infraestructura educativa y programas férreos.
Esta práctica va en contra de lo establecido por la ley. Expertos sugieren que podría ser objeto de demandas ante un juez de constitucionalidad, poniendo en riesgo la ejecución de los recursos para el presente año.
Las partidas globales están prohibidas en el proceso presupuestal, ya que los gastos autorizados por el Congreso deben ser precisos y verificables, dice en un informe publicado por El Tiempo.
Al parecer, los documentos pudieron ser modificados en Presidencia después de salir del Ministerio de Hacienda. Como posibles soluciones, se plantea emitir un decreto de yerros reconociendo el error o considerar una adición presupuestal a través del Congreso, aunque esta última opción podría ser compleja.
Hasta el momento, el Ministerio de Hacienda ha realizado modificaciones al anexo del decreto de liquidación para el presupuesto de gastos de inversión del Ministerio de Educación.
