Incentivos perversos que generarán más violencia: Cabal cuestiona programa que pagará para no sembrar coca

La líder de la oposición se fue lanza en ristre con las ideas propuestas por el Gobierno Nacional para hacerle frente a la crisis de violencia que se vive en el Catatumbo, por un lado, y disminuir las altas cifras de cultivos ilícitos, por otro. Una iniciativa similar, pero para no matar, fue puesta en marcha en Buenaventura sin mucho éxito.

María Fernanda Cabal, líder de la oposición y precandidata presidencial, es uno de los actores de la opinión y la cosa pública que más ha cuestionado la actitud laxa con la que el Gobierno Nacional viene enfrentando las actitudes desafiantes de las organizaciones criminales que operan en el país.

El discurso público de Cabal, además de afrontar sin ambages la realidad nacional en este aspecto, también está cargado de cifras y elementos de valor que sustentan sus dichos, los cuales fueron prácticamente validados recientemente por altos funcionarios del gobierno.

Gobierno Petro ignoró las alertas

En su intervención en la Corte Constitucional, el alto comisionado de Paz, Otty Patiño, reconoció que el gobierno de Gustavo Petro no les prestó la atención debida a los informes del Ministerio Público, ONG y denuncias de la oposición que daban cuenta de la gestación de un problema de violencia gigantesco en la región del Catatumbo.

Patiño, quien ante los ojos de un amplio sector de la opinión y la cosa pública ha sido un funcionario más bien decorativo, aseguró que “faltó más análisis, más inteligencia analítica no solamente informativa, porque lo que arrojan las alertas tempranas son datos puntuales, pero falta indudablemente un equipo de análisis sobre esos fenómenos que están ocurriendo”.

Los dichos de Patiño confirman las críticas de la líder opositora a la política de seguridad del gobierno de turno, también, dejarían en evidencia que existe una desconexión total entre instituciones, ya que, la guerra entre las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) que dejó más de 100 muertos y 50.000 desplazados, fue advertida a tiempo por la Defensoría del Pueblo.

“No hubo un análisis de fondo de porque se estaba presentando esa exacerbación de las confrontaciones entre quienes tenían un estado de convivencia del bloque Gentil Duarte del frente 33 y el ELN”, comentó Patiño en el marco de la Sesión técnica del ECI de las garantías de seguridad a los firmantes del Acuerdo de Paz llevada a cabo en el alto tribunal.

“La única manera de acabar con la coca es erradicando”

Es tan grave el asunto, que a través de un decreto de conmoción interior declarado par conjurar la crisis, Gustavo Petro y todos los ministros de su gabinete reconocieron que, tras dos años de conversaciones y ceses al fuego, todos grupos armados ilegales que operan en la zona no solo habían expandido su control territorial, sino también, incrementado su poder financiero por cuenta del narcotráfico.

“Los municipios de Norte de Santander pertenecientes a la región del Catatumbo concentraban 43.178,86 hectáreas de cultivos de coca, de las cuales el 63,3 % (27.329,49 hectáreas) estaban ubicadas en los municipios de Sardinata y Tibú; así mismo, que, desde entonces, dichos cultivos se han incrementado, habida cuenta de la reactivación del mercado de la coca para fines ilícitos”, explica el documento firmado por Petro y sus ministros.

Estas cifras dejan al descubierto la veracidad de las denuncias que ha venido formulando a ese respecto y desde hace mucho tiempo la líder de la oposición y precandidata presidencial, María Fernanda Cabal, quien ha cuestionado duramente la estrategia de erradicación implementada por el gobierno: bajó ostensiblemente la meta de hectáreas a erradicar y  la intensidad del proceso.

“Petro ha venido renunciando a la erradicación de cultivos de coca lo que se traduce en más violencia y narcotráfico. Mientras en 2021 se erradicaron 103.257 hectáreas, en 2024 solo se eliminaron 9403. La única manera de acabar con la coca es erradicando y llevando oportunidades a los campesinos”, comentó la precandidata presidencial.

Cabal sigue insistiendo en la necesidad de implementar una política antidrogas más agresiva que permita la eliminación a gran escala de los cultivos ilícitos y el restablecimiento del orden público aumentando el pie de fuerza en las regiones donde, según el gobierno Petro, la criminalidad sobrepasa la capacidad operacional de los agentes del Estado.

Sobre este asunto en concreto, Iván Velázquez, ministro de Defensa, quien también tomó partido en la Sesión técnica del ECI de las garantías de seguridad a los firmantes del Acuerdo de Paz, develó que desde el Ejecutivo podrán en marcha una estrategia similar a la utilizada en Buenaventura para disminuir los homicidios.

“La necesidad absoluta de afectar esa economía criminal en un proceso que ya está dispuesto y debe entrar muy pronto en funcionamiento particularmente para el Catatumbo. […] Pago por erradicación voluntaria pero vinculada también a la sustitución de manera que los propios campesinos vinculados a este programa reciban un ingreso por erradicar, pero simultáneamente todo el proceso de sustitución”, dijo el ministro ante los magistrados del alto tribunal.

Aunque la propuesta de Velázquez va acorde con el discurso de Petro en campaña y siendo presidente, la realidad de este tipo de programas hacen pensar indefectiblemente en su fracaso. Por ejemplo, el puerto de Buenaventura, donde se dinamizó el pago por ‘no matar’, se reporta este inicio de año un aumento en los homicidios del 75%.

“Pagar por no sembrar coca y pagar por no matar son incentivos perversos que generarán más violencia. Estas ideas de repartir plata solo harán que haya más gente sembrando coca para que el gobierno les pague. ¡Qué falta de pantalones! O la complicidad es muy alta”, escribió Cabal en su cuenta en X.

Finalmente, es importante mencionar que, adicional a la exacerbación del conflicto interno, estas dinámicas pueden jugarle una mala pasada a Colombia en los procesos de certificación en la lucha y adecuado enfrentamiento al fenómeno de las drogas ilícitas, más aún, si se tiene en cuenta la tensa relación entre Gustavo Petro y Donald Trump.