Los implicados habrían utilizado placas de látex con copias de huellas dactilares y accedido a información confidencial, extraída ilegalmente de bases de datos oficiales como las de la Registraduría Nacional del Estado Civil, para burlar los sistemas de seguridad del banco.
Dos exempleados de una entidad bancaria fueron judicializados por su presunta participación en una red de ciberdelincuencia que habría ejecutado 38 fraudes informáticos entre 2021 y 2022, mediante la suplantación de identidad y el acceso ilícito a sistemas bancarios, causando un detrimento superior a los 280 millones de pesos.
Los procesados son Lizeth Paola Marenco Posada e Iván Crespo Arias, quienes se desempeñaban como asesores comerciales y personal de fuerza de ventas en una sucursal bancaria en Santa Marta, Magdalena.
Según la Fiscalía, los hoy judicializados utilizaron su posición dentro del banco para tramitar de forma fraudulenta créditos a nombre de ciudadanos sin su autorización, dirigiendo los recursos a cuentas de terceros.
La investigación reveló que los implicados habrían recibido placas de látex con copias de huellas dactilares y accedido a información confidencial que otros miembros de la organización criminal extraían de bases de datos oficiales, como las de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Con estos datos, burlaban los mecanismos de seguridad de la entidad financiera, abrían cuentas de nómina y tramitaban solicitudes crediticias que luego eran aprobadas y desembolsadas de manera ilícita.
Los hechos delictivos ocurrieron principalmente en Santa Marta y Barranquilla, y forman parte de una estructura criminal más amplia dedicada al hurto por medios informáticos y a la explotación de información personal de los usuarios bancarios.
Por estos hechos, la Fiscalía de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos les imputó los delitos de concierto para delinquir, hurto por medios informáticos y acceso abusivo a un sistema informático. Aunque Marenco Posada y Crespo Arias no aceptaron los cargos, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento domiciliaria mientras avanza el proceso judicial.
