Fiscalía la señala de facilitar proyectos por más de 89.000 millones de pesos en los que seis congresistas de la Comisión de Crédito Público tenían interés, a cambio de su respaldo a operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio.
Después de muchos ires y venires, la Fiscalía imputó el delito de interés indebido en la celebración de contratos en concurso homogéneo sucesivo a María Alejandra Benavides Soto, exasesora del Ministerio de Hacienda y enlace de la entidad con el Congreso de la República.
Según la investigación, desde octubre de 2023 hasta marzo de 2024, Benavides habría recibido la instrucción de admitir proyectos contractuales presentados por senadores y representantes a la Cámara que conformaban la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, quienes tenían un interés ilícito en dichos proyectos.
Los contratos en cuestión, relacionados con obras públicas, suman más de $89.000 millones y se localizan en Cotorra (Córdoba) por $44.552 millones, Saravena (Arauca) por $32.500 millones y el corregimiento El Salado de Carmen de Bolívar (Bolívar) por $12.353 millones. El interés de los congresistas en estos proyectos estaba condicionado a su concurrencia y votación favorable de las operaciones de crédito público que el Ministerio de Hacienda había presentado al Congreso.
De acuerdo con la exposición de la Fiscalía, Benavides Soto participó en una reunión en la que se solicitó al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo de Jesús López Martínez, tramitar y celebrar los proyectos contractuales en beneficio de los parlamentarios. Además, proporcionó al exsubdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, los nombres de funcionarios de los entes territoriales y de los contratistas referenciados por los congresistas, con el fin de iniciar los trámites de contratación pública en su favor.
La imputación concluyó que, como resultado de estas gestiones, los integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público votaron las operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda.
