Desde la curia recordaron que la Constitución colombiana y la Ley de Libertad Religiosa prohíben que funcionarios públicos emitan juicios teológicos sobre las creencias de los ciudadanos. El marco jurídico obliga al Estado a respetar y proteger la fe sin interferencia.
La Conferencia Episcopal Colombiana (CEC) difundió un comunicado en el que reafirma su posición institucional frente a la libertad religiosa y recuerda el marco constitucional que protege las creencias de los ciudadanos. La declaración se conoce luego de afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre la relación de tipo sexual entre Jesucristo y María Magdalena durante un acto público.
Según el texto episcopal, la Iglesia Católica reafirma su fe en Jesucristo, señalando que su nombre “reclama el respeto y la adoración con la que se trata al Dios Verdadero”. El documento precisa que, para los creyentes, no se trata únicamente de un personaje histórico, sino de una figura central de fe y esperanza.
Posteriormente, la comunicación introduce referencias jurídicas. Los obispos afirman que la Constitución de 1991, la Sentencia C-817 de 2011 y el artículo 4 de la Ley 133 de 1994 obligan al respeto y la no interferencia en materia religiosa. En ese contexto, el comunicado establece que “ningún funcionario ni otra persona está llamado a emitir conceptos de orden teológico sobre las convicciones religiosas o doctrinales de los ciudadanos”.
Además, el texto indica que el poder público tiene la obligación de “proteger a las personas en sus creencias y mantener relaciones armónicas” con las confesiones religiosas. A partir de esa premisa, la Conferencia Episcopal invita a los fieles a leer los evangelios y a repasar las enseñanzas del Catecismo de la Iglesia Católica, mientras recomienda acudir a “fuentes objetivas” para evitar interpretaciones ligeras sobre la figura de Jesús.
Finalmente, los obispos reiteran su respeto por las instituciones del Estado y por las autoridades legítimamente constituidas. A la vez, solicitan reciprocidad social e institucional para que se respete su derecho a profesar y difundir la fe mediante la enseñanza y el testimonio.
El comunicado fue firmado por monseñor Germán Medina Acosta, secretario general de la CEC; monseñor Francisco Javier Múnera Correa, presidente del organismo; y monseñor Gabriel Ángel Villa Vahos, vicepresidente. La declaración introduce en el debate público una referencia directa a los límites constitucionales del discurso sobre creencias religiosas.
