Esta actuación surge de una denuncia que cuestiona la pertinencia del proyecto y el uso de recursos públicos en un sector con crecientes necesidades en educación superior. El ente de control advierte que el incumplimiento en el envío de documentos podría derivar en un proceso sancionatorio fiscal contra la entidad.
La Contraloría General de la República abrió una indagación preliminar sobre un contrato del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) destinado al desarrollo de una aplicación móvil, cuyo valor proyectado asciende a $18.000 millones.
El oficio fue remitido al presidente del Icetex, Álvaro Hernán Urquijo Gómez, por Andrey Geovanny Rodríguez León, contralor delegado para el sector Educación, Ciencia y Tecnología. Según el documento, la actuación se origina en una denuncia sobre el proceso contractual.
La iniciativa busca ofrecer a los usuarios una “solución tecnológica innovadora” que permita gestionar transacciones financieras, educativas y de acompañamiento institucional desde cualquier lugar. En la comunicación se requiere a la entidad entregar, en un plazo máximo de tres días hábiles, los estudios previos que justifiquen la necesidad del contrato, los análisis de mercado, los pliegos de condiciones, el anexo técnico, además de copia del contrato e interventoría. También se solicita el detalle de las ofertas presentadas durante el proceso.
Adicionalmente, la Contraloría exige explicar los criterios de estructuración de costos y las medidas adoptadas para garantizar un uso eficiente de los recursos públicos. El documento pone especial atención en establecer si se aplicó el mecanismo de subasta inversa, concebido para optimizar condiciones económicas y de mercado en las contrataciones estatales.
Finalmente, la misiva advierte que, en caso de no entregar la información solicitada, el ICETEX podría enfrentar un proceso administrativo sancionatorio fiscal, en virtud de lo dispuesto en los artículos 99 a 104 de la Ley 42 de 1993 y en la Resolución Reglamentaria 0069 de 2025.
El monto del contrato y el breve plazo fijado por la Contraloría para responder reflejan la relevancia del caso, en un contexto donde el control fiscal sobre proyectos tecnológicos del sector educativo adquiere cada vez mayor protagonismo.
