De acuerdo con la organización, hasta el momento no hay en el expediente una sola prueba que permita inferir con un alto grado de certeza que el expresidente participó en los hechos que se le imputan.
A través de un comunicado de prensa, las organizaciones Human Rights Institute, Derechos & Justicia Asociados D&JA y un grupo de expertos abogados independientes, informaron que desde la decisión tomada por la juez 41 de Conocimiento de Bogotá, vienen monitoreando el proceso que se le sigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez por la presunta manipulación de testigos.
Como se sabe, desde hace un poco más de 5 años el exmandatario fue vinculado a un proceso penal donde se le acusa, por intermedio de un abogado, intentar torcer el testimonio de uno de los testigos estrella de la justicia colombina, presuntamente a cambio de favores y asistencia judicial encaminada a la revisión de una condena interpuesta en su contra.
Las organizaciones antes mencionadas, presentaron ante la opinión pública un extenso documento donde hacen un análisis pormenorizado del caso y las razones por las cuales apoyan la solicitud de preclusión hecha por la Fiscalía General de la Nación.
“Este informe establece la existencia de la evidencia y argumentos jurídico penales suficientes y ausencia de material probatorio incriminatorio más allá de toda duda razonable. Que corroboran la inocencia del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, lo que debería conllevar a la finalización de la persecución penal tal como lo ha expresado por dos ocasiones el ente acusador de Colombia sobre dicho caso”, se lee en el boletín.
Asimismo, explican que en el caso concreto de Uribe, surge con meridiana claridad que la conducta desplegada por este y que ha sido objeto de reproche, no puede encuadrarse en ninguno de los tipos penales descritos en el estatuto penal colombiano, esto es, hasta el momento ha sido imposible material como formalmente desvirtuar la constitucional presunción de inocencia que cobija al exjefe de Estado.
Indicaron además, que el proceso ha avanzado hasta este estadio porque en él está involucrada la figura de Uribe, personaje que despierta amores y odios en la sociedad colombiana.
“Un proceso en idénticas situaciones, sin la presencia de presiones, injerencias o asuntos relacionados con la política o intereses promovidos desde sectores ideológicos contrarios, hubiese concluido en la cesación de la acción penal inmediato al establecerse que no existe prueba y/o evidencia que conlleve a la atribución de responsabilidad penal alguna”, dice en otro de sus apartes la nota de prensa.
Validando las verdades de ‘bandidos’
Este tema también es abordado por Lorenzo Madrigal, personaje creado por el caricaturista Héctor Osuna para firmar sus columnas escritas. El pasado domingo, 28 de mayo, el reconocido periodista cuestionó duramente los modos y las formas cómo en este lado del Mundo se ha popularizado una tendencia de darle valor dogmático a las declaraciones y ‘verdades’ de personas de dudosa reputación.
“En esta América se ha dado en juzgar acerbamente a los jefes de Estado o a quienes han pasado por esa jefatura, otorgándose credibilidad gratuita a cuantos ofrecen declaraciones en contra, sin estimarse el origen de la acusación o la calidad de persona que la emite. Como si estuvieran re- presadas en las cárceles las verdades más insondables y profundas, ocultas hasta el día glorioso en que salen a la luz de los me- dios. Fulano contó esta o aquella historia, reveladora como la que más, que el declarante ha podido organizar en su mente carcelaria, para revelarla como verdad incontrastable”, dice la columna dominical de Madrigal.
Más adelante, sobre el particular, sostiene que en lo que va del proceso no solo han salido a las la luz pública ‘los reveladores testimonios’ del testigo estrella, sino también una suerte de intrigas, que desde donde se miren, más que apuntalar, pueden restar seriedad a las imputaciones que se la hacen al expresidente.
“En el proceso a Uribe, valga decirlo, hay profusión de declaraciones de origen carcelario, de visitas una y otra vez a las celdas de los penados por parte de acusadores y defensores, más aún, de viajes al exterior en comisiones de apariencia investigativa, para finalmente concluir o precluir o no deducir nada cierto, de manera confiable”, asegura el escrito.
De acuerdo con Madrigal, debe generar sospecha no solo en la opinión pública sino también en los operadores judiciales las razones que haya tenido un reconocido delincuente para rechazar los ofrecimientos que presuntamente le hicieron de parte de Uribe.
“También se ha sabido de abogados tramposos que hacen fabulosas ofertas de dinero. Llega el lector desprevenido a preguntarse: «¿Ese tal dinero se recibió? Y si se rechazó por quien es reconocido delincuente, ¿lo hizo en un acto insólito de honradez y buena conducta? Lo dicho, lo de costumbre hoy en día es creer en lo que revela el procesado en contra o a favor del otro procesado, el cual por ser ilustre puede ser fuente de beneficios jugosos para el delator”, dice la nota periodística en otro de sus apartes.
Finalmente, solicita que en aras de la estabilidad democrática, deberían dejarse a los exjefes de Estado tranquilos y a la espera del implacable juicio que a buenos y malos mandatarios hace la historia.
“De ninguna manera podrá evitarse que las actuaciones contra ellos se conviertan en juicios políticos. La historia habrá de juzgarlos como tales. Y no comparemos, Uribe no es Pinochet ni Fujimori. Pertenece a la tradición de políticos deliberantes, a quienes les ha caído la jauría de una extrema izquierda sedienta de revolución y de venganza histórica”, puntualiza Lorenzo Madrigal.
