#LaOpinionDeColmenares
Por: Luis Alonso Colmenares Rodríguez
Establece la Ley 715 que los recursos incluidos en el presupuesto general de la nación para transferir a los resguardos indígenas deben destinarlos a satisfacer las necesidades básicas de educación, agua potable, vivienda, desarrollo agropecuario y salud, incluyendo la afiliación al régimen subsidiado.
Pero las autoridades tradicionales de los resguardos indígenas de La Guajira, y quizás de todo el país, administran dichos recursos como empresas familiares, viven en grandes mansiones y se me movilizan en carros de alta gama como jeques árabes. No aguantan una revisión patrimonial de la UIAF para concluir en enriquecimiento ilícito. En tanto que sus comunidades padecen de hambre y sed, y los niños mueren por desnutrición.
Por eso hay que mirar hacia el lado de las autoridades tradicionales de los resguardos indígenas para identificar a algunos responsables de la mortandad de niños wayúu a causa de la desnutrición.
La información que consolida el DNP muestra que, entre los años 2002-2022, a los resguardos indígenas de La Guajira fueron transferidos $691.189 millones. ¿Dónde está representada esa plata en términos de calidad de vida? ¿O quién se robó esa plata?
Solo para la vigencia fiscal 2022 fueron transferidos $69.365 millones. Y en el caso concreto del municipio de Uribia le transfirieron $34.186 millones. ¿Dónde está esa plata?
Ahora infiero por qué un candidato al senado, totalmente desconocido en La Guajira, obtuvo solamente en Uribia más de 10.000 votos y más de 20.000 en el departamento. Y con las mismas mañas están pretendiendo imponer al próximo gobernador.
En un análisis de la información del DNP a precios de 2022, llevado a cabo por el reconocido economista guajiro César Arismendi, con los $556.036 millones transferidos solo a los resguardos indígenas de Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha entre 2010-2022, en términos de costo de oportunidad, se hubiera llevado a cabo 1,3 veces el proyecto del acueducto regional desde Distracción hasta Uribia beneficiando a comunidades rurales de 7 municipios, o construido 116 pilas públicas o 1112 pozos con planta desalinizadora y sistema de almacenamiento de agua, o hubieran comprado 2780 carrotanques para el suministro de agua o 4.6 millones de ovinos/caprinos, o también se hubieran construido y dotado 556 centros de salud o 14 huertas demostrativas tipo DPS.
No hay derecho a tanto despilfarro habiendo toda clase de necesidades en las comunidades indígenas y los niños wayúu muriendo por desnutrición. Pero lo peor es que nadie controla nada.
De acuerdo con el Decreto 28 de 2008 el cambio en la destinación de los recursos girados a los resguardos indígenas es un evento de riesgo, y es por eso que de manera respetuosa solicito al señor contralor general de la República que tome esta columna como una denuncia pública y ordene una auditoría especial con personal llevado desde Bogotá, y le encontrará algunas explicaciones a la muerte de los niños wayú.
Aseguro que los hallazgos terminarán por establecer que los recursos transferidos para los resguardos indígenas en La Guajira han terminado en el patrimonio de las autoridades tradicionales y sus familias.
Según lo dispone la Ley 715, la Secretaría de Planeación Departamental debe llevar a cabo el seguimiento y evaluación de los recursos transferidos a los resguardos indígenas, y debe presentar un informe a los respectivos alcaldes y al gobernador sobre la ejecución de los mismos. Entonces pregunto al jefe de Planeación Departamental de La Guajira: ¿dónde están los informes relacionados con los resguardos indígenas? ¿Qué dicen los diputados? ¿Qué dicen los concejales?
Ahora bien, en el marco de la Ley 715 y los decretos 28/08 y 168/09 el gobierno nacional debería decretar la asunción temporal de las competencias para el manejo de los recursos asignados a los resguardos indígenas de La Guajira durante el año 2023, y delegar la planeación y ejecución directa de dichos recursos al doctor Luis Gómez Pimienta, gerente especial del Plan Guajira, para que no se los sigan robando, para que no sean utilizados en la financiación de la próxima elección de gobernador, y para encausarlos en la solución de los problemas asociados con la muerte de la niñez wayú.
Y como dijo el filósofo de La Junta: Se las dejo ahí... @LColmenaresR
