El presunto detrimento patrimonial habría ocurrido por una serie de irregularidades en la supervisión e interventoría de los contratos relacionados con los Juegos Intercolegiados y la construcción de una pista de atletismo.
A través de un boletín de prensa, la Contraloría General de la República informó los resultados negativos de una auditoría realizada a las inversiones ejecutadas por el Ministerio del Deporte para la vigencia anterior, es decir, el año 2023.
De acuerdo con la nota de prensa, los delegados del ente de control fiscal advirtieron hallazgos por más de $31.000 millones, las presuntas irregularidades fueron detectadas al auscultar los estados financieros de la citada cartera.
El análisis documental realizado al Ministerio del Deporte incluye “el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y las notas a los Estados Financieros; así como la Información Presupuestal para la misma vigencia”.
Uno de los hallazgos más importantes, dada la cuantía, se derivó de la no observancia de los requisitos legales para legalizar los desembolsos realizados en el marco de los Juegos Intercolegiados realizados el año pasado.
“Dentro de los hallazgos detectados en esta auditoría financiera, el de mayor cuantía se determinó por el incumplimiento del Convenio Interadministrativo 1215 de 2023, por parte del contratista EnTerritorio, específicamente en la ejecución del primer pago por $25.874 millones, desembolsado por el Ministerio del Deporte, al no legalizar la documentación que soporta la ejecución de este”, se lee en el boletín.
Las irregularidades en esta oportunidad son atribuidas no solo al contratista, sino también a quienes hicieron las veces de supervisores, pues, no tomaron a tiempo los correctivos necesarios para evitar la fuga de dinero público.
Esta situación afectó “el talento humano en las entidades territoriales como consecuencia de reiterados incumplimientos en sus pagos. Con fundamento en lo anterior se determina detrimento patrimonial por $25.874 millones”, se lee.
Otras irregularidades fueron detectadas en el contrato para la construcción de una pista de atletismo en el municipio de Sopó, Cundinamarca, donde se hicieron desembolsos sin justificación al contratista.
“La situación hace relación a cantidades de obras pagadas sin haber sido ejecutadas, para los contratos derivados de los convenios interadministrativos 916, 922 y 937 de 2023, suscritos por el Ministerio del Deporte y Municipios de Sopó, Bahía Solano y Consacá respectivamente. En este caso hubo transgresión de las labores de la interventoría, lo que genera disminución de los recursos disponibles para el proyecto, así como desconfianza por parte de la comunidad de los mencionados municipios, frente al uso de los recursos públicos”, precisa el ente de control fiscal.
Finalmente, señala que estas acciones causaron un detrimento al erario por más de $5.104 millones, igualmente, que podrían tener incidencias en el ámbito disciplinario y penal.
